El futuro del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no se ve nada de auspicioso, luego que esta semana el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre rechazara los recursos presentados por la defensa del ex mandatario, quien se encuentra condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco del escándalo que involucra a la estatal Petrobras y la constructora OAS.

Cabe recordar que en julio de 2017, el juez Sergio Moro, quien investiga el caso de corrupción en la estatal brasileña (Operación Lava Jato), condenó en primera instancia a Lula a nueve años y medio de cárcel, acusándolo de haber recibido un soborno de US$ 1,1 millones por parte de OAS, canalizado a través de la restauración de un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá.

Entonces, los abogados de Lula impugnaron dicha sentencia. Pero en enero pasado, el tribunal de apelaciones de Porto Alegre ratificó la sentencia y además aumentó la condena de nueve años y medio a 12 años y un mes.

De esta forma, a Lula solo le queda agotar la opción del Supremo Tribunal Federal (STF) —equivalente a nuestra Corte Suprema—, quien el próximo 4 de abril decidirá sobre un recurso de habeas corpus con el que busca evitar su encarcelamiento. Si el Tribunal lo aprueba, Lula podría permanecer en libertad hasta agotar otras instancias judiciales; pero si dicho recurso es rechazado, el presidente más popular de Brasil podría ser llevado a prisión ese mismo día.

El punto es que todo esto ocurre mientras Brasil avanza hacia su próxima la elección presidencial, programada para octubre de este año. Y Lula ya aceptó oficialmente su nombramiento como precandidato del Partido de los Trabajadores (PT).

En este contexto, ¿el ex mandatario tiene alguna posibilidad de competir por un nuevo mandato? Tanto el PT como Lula están apostando a ganar tiempo, ya que lo que buscan es lograr inscribir oficialmente su candidatura, plazo que vence el 15 de agosto, y que el Tribunal Superior Electoral no la rechace (para lo cual tiene hasta el 17 de septiembre). En ese contexto, el procesamiento de Lula podría resultar más complejo.

Pero llegar a esa fecha no será fácil, considerando que Lula enfrenta el obstáculo de la llamada Ley de Ficha Limpia —promulgada, precisamente, durante su segundo mandato—, la cual establece que una persona condenada en segunda instancia (que es su caso) no puede postular a un cargo electivo.

De esta forma, todo dependerá de la decisión que el STF adopte la próxima semana.

Sin embargo, los alcances de esa decisión abren nuevos escenarios, porque Lula tiene otras seis causas abiertas por obstrucción a la justicia y lavado de dinero, entre otros cargos. Y estas acusaciones podrían llegar a complicarlo tanto como la actual.

Además, si el Supremo Tribunal Federal de Justicia acoge su habeas corpus, muchos lo podrían interpretar como una señal de que no todos son iguales ante la Justicia y que Lula tuvo un trato preferencial. Por el contrario, si su recurso es rechazado, esa decisión arrastrará a Brasil a un nuevo escenario de tensión e inestabilidad política. Y el recuerdo de la destitución de Dilma Rousseff, en 2016, aún permanece fresco. De modo que, en ambos casos, el país se verá afectado.

Mientras tanto, ya se barajan posibles nombres para enfrentar a Lula, como el ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano; Joao Doria, actual alcalde de San Pablo, del Partido de la Social Democracia Brasileña; y la ex candidata presidencial ecologista Marina Silva, afiliada al Partido Socialista Brasileño. Al tiempo que los más pesimistas dentro del PT, mencionan a Fernando Haddad, el ex alcalde de San Pablo; o Jaques Wagner, ex gobernador de Bahía, como potenciales reemplazos de Lula, si finalmente es encarcelado.

De momento, solo cabe esperar hasta el próximo 4 de abril, cuando el futuro de Lula —y también de Brasil— se verá un poco más claro.