Cuesta recordarlo, pero desde el Acta de Neutralidad de 1794, hasta los ataques de Pearl Harbor en 1941, los Estados Unidos fueron una potencia renuente a proyectar poderío militar fuera del hemisferio occidental. En ocasiones una potencia económica y militar termina involucrada en conflictos allende sus fronteras, no por una vocación imperial, sino porque estos involucran de algún modo sus intereses o porque los bandos involucrados en ese conflicto buscan aliados que puedan decantarlo en su favor.

El último Libro Blanco de la Defensa chino es un ejemplo de ello. De un lado alega que China no aspira a convertirse en una potencia hegemónica y que buscará la cooperación pacífica con otros Estados en el sistema internacional para resolver problemas de interés común. Pero ese documento también establece como una nueva misión de sus fuerzas armadas el proteger los intereses económicos y políticos de la República Popular China en el mundo. Un caso que demuestra posibles áreas de conflicto entre ambos objetivos es el de la presencia china en Sudán del Sur. Una de las razones por las que China decidió vender armas al régimen de Sudán del Sur era la protección de sus intereses en la industria petrolera de ese país (tanto como destino de sus inversiones como en tanto proveedora de energía). El problema con ello fue que el régimen sudanés libraba en simultáneo una guerra interna contra grupos insurgentes, y la entrega de armas por parte de China fue percibida como un respaldo al régimen que estos últimos combatían. Ante la amenaza de una insurgencia que lo percibía como aliado de facto de su enemigo, el gobierno chino decidió postergar un segundo envío de armas. Pero a su vez ello contribuyó a un deterioro severo de la situación de seguridad, lo cual a la postre obligó a evacuar al personal extranjero de empresas chinas que invertían en Sudán del Sur.

El de Sudán del Sur no es en lo absoluto un caso aislado, como revela el libro de Jonas Parello-Plesner y Mathieu Duchátel “China’s Strong Arm: protecting citizens and assets abroad”. Este calcula en unos cinco millones el número de ciudadanos chinos que trabajan en el exterior, y menciona casos como la evacuación de 35,000 de ellos de Libia en 2011 durante la guerra civil en ese país o el del asesinato de ciudadanos chinos que trabajaban en Pakistán.

El libro sugiere que en un futuro no muy distante, China podría abandonar lo que hasta ahora ha sido una actitud reactiva frente a hechos consumados, en favor de una política preventiva o de defensa activa de sus intereses en ultramar. Por ejemplo, interviniendo en conflictos como el de Sudán del Sur sea como un mediador que intenta ponerles fin o incluso mediante el empleo de la fuerza. Este último a su vez podría tener fines limitados (como proteger sus propios intereses manu militari), o de mayor alcance (como intervenir deliberadamente en favor del bando en conflicto que pudiera proteger de mejor manera sus intereses).

Prueba de que el régimen chino es consciente de las posibles implicaciones de su nueva estrategia de defensa es la construcción en Yibuti de su primera base naval fuera del mar del Sur de China. Es decir, un país cercano a zonas por donde transita un 10% del comercio mundial de petróleo.