Los eventos que han tenido lugar en los últimos días en Honduras están dejando al país terriblemente dividido y agitado. Mucha gente parece creer que esta división se ha generado últimamente, como resultado de unos comicios mal manejados por el Tribunal Supremo Electoral en medio de un proceso del que mucha gente manifiesta profunda desconfianza y que ha culminado en violentas protestas de parte de los que se creyeron ganadores y después se les dijo que eran perdedores.

Los opositores del presidente Juan Orlando Hernández, que se presentó como candidato a la reelección, dicen que él no ganó las elecciones y exigen que se unja a Salvador Alejandro Nasralla. El problema es mucho más grave que esto porque todo evidencia que el presidente Hernández no debería haber estado en las nóminas electorales.

La Constitución hondureña es taxativa en su prohibición de la reelección presidencial en varios de sus artículos. En el artículo 4, incisos 2 y 3, dice: “La alternabilidad de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. El artículo 239 dice: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán inmediatamente en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de la función publica”. Finalmente, el artículo 374 establece los artículos que se refieren a este tema como pétreos —es decir, que no se pueden reformar. El artículo dice: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior [que se refiere a la manera de reformar la Constitución], el presente artículo, los artículos que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición de ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.

El problema no es si era permitido que el presidente Hernández buscara su reelección. La Constitución es clarísima que no puede hacerlo. De hecho, el expresidente Mel Zelaya fue expulsado del país en 2009 por haber pretendido reelegirse. Entre los que lo expulsaron, o apoyaron su expulsión, estaban muchos miembros del Partido Nacional, que ahora ha intentado reelegir al presidente Hernández.

El verdadero problema de Honduras es que el presidente Hernández logró que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral dijeran que, aunque la Constitución dijera lo que dijera, él podría reelegirse, y que esto fue aceptado por el Partido Nacional, que lo nombró candidato, y por el pueblo entero, que aceptó que corriera como candidato a la reelección, y por todos los que votaron por él.

El problema es profundo porque, ¿cómo puede el Tribunal Supremo Electoral, que se arrodilló humillantemente ante el Presidente para decir que lo negro es blanco y para negar la autoridad de la Constitución, cómo puede ahora tener la autoridad moral para decir que no ha habido trampa y que el candidato A o B ha ganado? ¿Qué respeto pueden tener los miembros de la Corte Suprema para exigir el respeto a la ley si ellos mismos la han subvertido?

En este momento todavía no sabemos cuál será el resultado final del proceso. Lo único que sí sabemos es que, con su ambición desmedida de poder el presidente Hernández ha destruido la integridad institucional de su país, no ahora en las elecciones puestas en duda, sino en el momento en el que rompió la Constitución para seguir siendo presidente.

Con sus acciones para reelegirse, y con la complicidad de los jueces que lo ayudaron a hacerlo violando la Constitución, el presidente Hernández ha causado un daño casi irreparable a Honduras, porque ha deslegitimado las instituciones fundamentales del Estado. El pueblo hondureño pagará por muchos años el haber permitido que destrozaran la integridad institucional de su país. Lo que está pasando ahora no es nada comparado con lo que un país con sus instituciones en el suelo puede sufrir.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.