Este 2014 es un año de varias elecciones presidenciales en América Latina. Ya se realizaron en Costa Rica y El Salvador (2 de febrero), y quedan las de Panamá (4 de mayo), Colombia (25 de mayo) Brasil (5 de octubre) y Uruguay (26 de octubre). Las elecciones en Bolivia, que deben realizarse este año, estuvieron previstas para diciembre próximo, pero luego se supo que serían el 5 de octubre y, recientemente, se reveló que aún no se tiene definida la fecha. Mientras tanto, el ambiente político boliviano ya está alborotado.
Desde las elecciones presidenciales de Bolivia de diciembre de 2005 en las que el actual presidente Evo Morales obtuvo el 54 por ciento de los votos –nadie gozó de semejante apoyo en la nueva época democrática boliviana iniciada en 1982– y el predominio electoral del Movimiento al Socialismo fue desde entonces abrumador: victoria contundente en un referéndum revocatorio, en la reelección del presidente (diciembre de 2009), en la aprobación de la nueva Constitución Política, en enero de 2009.
Desde la reelección de Evo Morales, el oficialismo cuenta con más de dos tercios de los escaños en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora, a siete u ocho a meses de las elecciones, solo hay un candidato definido: el propio presidente Evo Morales que ha obtenido, para habilitarse como candidato, el aval del tribunal electoral -dudosamente respaldado por la ley y que recuerda las maniobras del nicaragüense Daniel Ortega- para su postular a una segunda reelección, lo que está claramente prohibido por la Constitución.
Mientras tanto, los opositores siguen en los difíciles intentos de buscar una candidatura unificada que pudiera hacer frente al presidente–candidato. Esta dificultad es comprensible, pues entre los opositores hay diferencias ideológicas al parecer insalvables. Este es el caso, por ejemplo, entre los aspirantes, el empresario y jefe del partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina ex miembro del Movimiento de la Izquierda Revolucinaria (MIR) y aira representante de la derecha empresarial, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costa, quien ya ha formado su propio partido con indefinición ideológica y Juan del Granado, un radical que lidera una agrupación de izquierda extrema que durante los primeros cuatro años de la actual gestión oficial fue aliado de Evo Morales, y que, luego, se alejó por disputas electorales y no por discrepancias políticas. Por otro lado, quedan aún sin definirse algunos partidos tradicionales, como el Movimiento Nacionalista que fuera fundado por Víctor Paz Estenssoro. Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez, acaba de suscribir una alianza con Nueva Fuerza Republicana de Manfred Reyes Villa que está asilado en Estados Unidos.
Como era de esperar, ya hay profusión de encuestas que muestran, como dato importante, que el actual presidente contaría con el apoyo ciudadano superior al 40%, o sea el necesario que fija la constitución para ganar la elección en la primera vuelta. Por su parte, el fraccionamiento de la oposición es ostensible. Esto hace que pocos crean que sea posible derrotar electoralmente al oficialismo. Además que Evo Morales puede exhibir el auge del gas –pese a que es el resultado de una larga etapa, que data de los años 90, de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, como prueba de bonanza– capta a los que ven en bonos y en otras lisonjas a un benefactor capaz de hacer posible alcanzar la aspiración de los ciudadanos de alejarse de la pobreza crónica que tanto aflige a la sociedad boliviana.
Todo esto subsiste y muestra que pesa en el electorado. Todo esto, pese a los recientes escándalos de corrupción, tanto en la justicia como en altos niveles del gobierno. Las denuncias alcanzan inclusive a parientes del vicepresidente.
Por otro lado, ya es innegable que el ya famoso caso del “terrorismo y separatismo” que se ventila en los tribunales de justicia contra supuestos integrantes de un grupo violento de mercenarios, comandados por un boliviano–húngaro, e integrado por varios extranjeros –tres de ellos fueron ejecutados en un operativo policial en un hotel en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra– ha puesto al descubierto, no solamente la intención represora violenta del régimen, sino la existencia de una red de extorsión integrada por fiscales, jueces, funcionarios del ministerio del interior y abogados adeptos al gobierno.
Y hay paradojas: El departamento de Santa Cruz, el más poblado de Bolivia y el de mayor significación económica, fue el bastión opositor a Evo Morales, pues el gobierno estuvo empeñado en dominar esta región tradicionalmente conservadora, pero ahora es notorio que el MAS, cambiando de método, ha seducido a los anteriormente opositores, sobre la base de acuerdos, logrando alinear con el gobierno a muchos empresarios.
A meses de las elecciones, hay preocupación por este oscuro panorama. Tampoco arace que se haya conseguido concitar confianza en la pureza de las próximas elecciones. Por ejemplo, hubo inquietud –ahora aminorada– por el resultado, aún no revelado, del censo de 2013, lo que hace suponer que esta reserva de información –también poco confiable– está relacionada con la definición de las circunscripciones electorales para favorecer al oficialismo, asignando mayor número de escaños parlamentarios en lugares supuestamente más poblados, en los que predomine políticamente el Movimiento al Socialismo. Este es el caso de la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba.
Muchos opositores ahora piensan que, por el inevitable dolo y el fraude electoral, lo único que queda es evitar que el oficialismo no obtenga los dos tercios de los integrantes de las dos cámaras legislativas, mayoría de la que el gobierno de Evo Morales goza desde 2009, y que facilitó la acción discrecional del oficialismo. Este limitado objetivo opositor sería el resultado de una actitud derrotista, basada en el conformismo. Pero, “tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores” (Winston S. Churchill).