En México toda la discusión sobre la corrupción se ha centrado sobre el sector público, olvidando dos cosas. Primero, que cuando decimos que la corrupción y la impunidad son sistémicas, lo que estamos diciendo es no sólo que está en todas partes —sector público, sector privado, ciudadaní— sino que es parte de la forma de operar del entramado institucional público y privado. Es, por decirlo de alguna manera, un modo de vida que alcanza el nivel de norma social.

Segundo, que la corrupción, como casi todo en la vida, es una cuestión de oferta y demanda: hay quien recibe la oportunidad de corromperse y la toma y quien la ofrece esperando que la tomen. Podemos demostrar que sus consecuencias son negativas para la economía, para la política y para la sociedad, pero si persiste es porque en la transacción alguien se beneficia.

No hay bala de plata para combatir la corrupción y la impunidad, pero los casos exitosos en el mundo, que los hay, tienen todos un ingrediente en común: la participación decidida del sector privado. Esto significa que el sector privado toma conciencia de que la corrupción se vuelve nociva para sus actividades, reconoce su papel, no sólo como víctima de ella, sino como promotora y está dispuesto a hacer algo para combatirla.

En México esto comienza a suceder. Hace unos días el Consejo Coordinador Empresarial presentó un Código de Ética y Manual de Integridad para sus miembros. Éstos incluyen un “catálogo” amplio de conductas deseables y no deseables, con un manual para socializarlo; la definición de un modelo de sistema de control que incluye check list de cumplimiento; políticas de recursos humanos con un programa y temario de capacitación. Incluyen también la creación de un Comité de Acreditación del CCE; de organismos auditores (despachos acreditados) y de un Reporte de Adhesión (lista de empresas adherentes, el registro de sus avances en cumplimiento y eventual desvinculación). Coparmex ha hecho lo propio, aunque dirigido más a las pymes, que constituyen 99% de las empresas y generan 72% de los empleos.

Que los propios empresarios consideren que uno de los principales problemas del “entorno” de negocios es precisamente la corrupción, que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas los incluya como sujetos obligados y que junto con sus principales socios comerciales estén presionando para incluir un capítulo anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte son buenas señales de que comienzan a tomar cartas y responsabilidad en el asunto. Pero deben apretar el paso.

Ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana, en alianza con la revista Expansión, presentaron el primer estudio de qué tan avanzadas van las empresas más importantes en la adopción de prácticas de corrupción y su publicidad. 500 Frente a la Corrupción no es un índice sobre la corrupción en las empresas más importantes del país, es solamente una evaluación de los compromisos públicos en favor de las políticas de integridad; no de su cumplimiento. Con todo, los resultados son bastante insatisfactorios.

En una escala del 0 al 100, 62% o 309 de las 500 empresas más grandes del país no alcanzan los 50 puntos, o sea, una calificación aprobatoria. De hecho, sólo 13 empresas alcanzan un puntaje de 80 puntos y, entre éstas, sólo aparecen tres empresas mexicanas (IEnova, Bio PAPPEL y Bimbo), el resto son mayoritariamente extranjeras.

Por increíble que parezca, la mayoría de las 500 empresas más grandes en México no cuenta con o no hace pública una declaración o compromiso anticorrupción, una prohibición explícita de sobornos y “pagos facilitadores”, una política de donaciones o contribuciones políticas, una política de integridad, una política de prevención de lavado de dinero, una política de “hospitalidad y viáticos” o una política para prevenir fraudes internos. Tampoco tienen definiciones de conflicto de interés o definiciones de lo que constituyen actos de corrupción. Peor aún, la mayoría no tienen sistemas de denuncia, ni mecanismos anónimos de protección a los denunciantes, ni prohíben expresamente las represalias contra ellos. Para colmo, 66% (330) de las empresas no contemplan mecanismos para monitorear la política anticorrupción.

Reza el dicho que el buen juez por su casa empieza y el sector privado debería hacerlo. Mucha de la corrupción en este país, como en cualquier otro, se reduciría drásticamente si las compañías se rehusaran a pagar los sobornos que pagan, a usar el tráfico de influencias o a denunciar los abusos de los tomadores de decisiones. ¿Por qué no lo hacen? En unos casos, porque hacerlo los sacaría del negocio (víctimas). Pero, en muchos otros, porque la promesa de una rápida y jugosa ganancia o la apropiación indebida de un segmento del mercado se vuelven irresistibles (victimarios).

La lucha anticorrupción es de a dos (o de a muchos) pero está claro que los empresarios son parte del problema y tienen que ser parte de la solución.

Si como muchos mexicanos los empresarios han dejado de tener fe en los políticos, su obligación es diferenciarse de ellos. Al menos en parte, en sus manos está dejar de hacer rentable la corrupción.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.