Para muchos de nosotros, la palabra o-de-eme (Objetivos de Desarrollo del Milenio) probablemente nos remite a pensar en un logro social global sin precedente, caracterizado por dos realidades. Por un lado, el éxito para diseñar y poner en marcha, entre 189 naciones, una agenda de compromisos orientados a la búsqueda de un mejor nivel de vida para la población menos favorecida.
Por el otro, el alto grado de avance en la consecución de varios de esos compromisos desde su concepción en el año 2000 –según el informe de progreso 2012 algunos de ellos ya se alcanzaron, mientras que otros potencialmente se lograrán antes de concluir el plazo para su cumplimiento en 2015-. Junto a estas realidades, seguramente también nos surgen algunos cuestionamientos sobre el alcance futuro de los o-de-eme. En particular –y en lo personal-, ¿qué sigue después del 2015 en términos de reducción de pobreza?
Esta pregunta adquiere relevancia ante el hecho de que el mundo, desde hace un par de años, alcanzó la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que viven con menos de US$1,25 al día. En América Latina y el Caribe, esta proporción se redujo de 12,3% en 1990 a 6,5% hacia finales de la década pasada. Si el mismo compromiso se aplicara a un umbral de pobreza mayor (US$2,5 al día), aquel también se habría prácticamente cumplido al pasar de 28,8% a 17% durante el mismo periodo (figura 1).
La reducción de la pobreza en nuestra región es innegable y constituye una gran noticia, pero al mismo tiempo evidencia retos pendientes para cualquier acuerdo post-2015 en, al menos, dos sentidos:
1) una proporción de 6,5% significa que casi 37 millones de latinoamericanos continúan viviendo en situación de pobreza extrema [1], lo que sugiere que las políticas han sido insuficientes para alcanzar a la población más pobre; y
2) el descenso de la pobreza ha significado una reconfiguración de los grupos sociales, no solo con una clase media mayor, sino también con una clase vulnerable en expansión: durante las últimas dos décadas creció en casi 4 puntos porcentuales, convirtiéndose en el mayor grupo poblacional en la región.
El debate en torno a una estrategia post-2015 ha observado un surgimiento exponencial de posibles enfoques, indicadores y metodologías para diseñar una segunda generación de compromisos relacionados con la erradicación de la pobreza.[2] En mi opinión, cualquier agenda futura sobre este problema debe buscar, en primera instancia, corregir varias deficiencias del modelo actual: lograr la apropiación de objetivos y metas en las políticas nacionales; lograr que estas políticas alcancen a la población más pobre; y lograr una mayor flexibilidad para adaptar objetivos globales a contextos locales. Luego, los nuevos compromisos de reducción de la pobreza deberían desarrollarse en un marco integral de inclusión social, adaptado a la estructura social actual, con al menos tres elementos relacionados.
Primero, reducir la desigualdad económica. La evidencia muestra que la reducción de este problema en la región durante la última década explicó, en promedio, cerca del 50% de la caída en la proporción de personas en pobreza. Por tanto, continuar implementando estrategias orientadas a una mayor igualdad al interior de los países puede rendir importantes beneficios futuros en términos de los nuevos compromisos.
Segundo, proteger a la población vulnerable. La historia nos ha mostrado que la exposición a crisis económicas y otros choques externos como los relacionados con el clima pueden revertir el progreso social. En este sentido, el debate post-2015 debe incluir el diseño de un esquema de protección social universal y comprehensivo capaz de hacer frente a trampas de pobreza.
Finalmente, coherencia entre las políticas sociales y fiscales. Actualmente, ambos grupos de políticas han mostrado efectos redistributivos que van en direcciones opuestas, lo que hace un llamado urgente a reformar y empatar sus objetivos. Como lo mostró George Gray-Molina en un post reciente de Revista Humanum, la región ha observado un gasto social progresivo, en particular hacia los deciles más pobres, al mismo tiempo que una estructura fiscal que prácticamente nulifica la progresividad del gasto en los deciles intermedios (especialmente relevantes por su potencial derrame de beneficios económicos, sociales, y políticos hacia los grupos menos favorecidos).
Pronunciarse a favor de estos elementos debe ser una prioridad en una agenda futura de reducción de la pobreza con inclusión social; una agenda donde las personas transiten inequívocamente de objetos a sujetos.
[1] Número que se amplía a 97 y 179 millones si se usan los umbrales de US$2,5 y US$4 al día, respectivamente.
[2] Por ejemplo, desde el punto de vista del monitoreo, Martin Ravallion alzó la mano para proponer una nueva medida de pobreza relativa que incluye un componente de inclusión social.
*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Humanum del PNUD.
