Hace una década, la elite se regocijaba cuando Juan Francisco Reyes López ingresaba a la cárcel por un caso de corrupción. Era el penúltimo paso para el retorno de las aguas tras la llegada al poder del Frente Republicano de Guatemala (FRG). Meses antes habían regresado a controlar la presidencia con Óscar Berger, y con esta varias instituciones clave: la Cancillería, el Ministerio de Finanzas, el Banguat, la SAT, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC).

La foto hacía creer que era el fin de la participación del eferregismo y sus poderes emergentes (de abogados, caciques y mafias). El partido había conseguido algo inédito en el país. Se propuso desde 1998 arrebatar a la elite el control de la instancia máxima del Estado, la Corte de Constitucionalidad, para que Ríos Montt pudiera participar como candidato presidencial; y lo logró 14 años después, aunque perdiera en las urnas. 

A pesar de la foto, estaba lejos el fin del eferregismo y sus actores emergentes como competidores por la cooptación del Estado. Mientras la elite celebraba la recuperación del poder Ejecutivo, varios abogados convocados por el FRG desde 2001 llevaban a cabo otra estrategia para controlar el Organismo Judicial. Se convirtieron en hegemónicos en el Colegio de Abogados y crearon facultades de Derecho. Y disputan con la elite, en 2014, el control por el Organismo Judicial.

El escenario de mayo de 2014 es parecido al de diez años antes. La foto muestra que la elite y los abogados emergentes están apabullando a la sociedad civil en la recuperación del control sobre la justicia. Pero la llegada de Paz y Paz a la Fiscalía no fue una casualidad. Que en Guatemala, un país que hace siete años tenía 98% de impunidad, una fiscal independiente tuviera herramientas técnicas y fiscales valientes que permitieran reducir la impunidad hasta el 72%, fue por mucho trabajo previo. Fue una batalla que, casualmente, inició hace 14 años.

Empezó en 2000 cuando la sociedad civil y los defensores de derechos humanos vieron que el eferregismo le quitaba el poder a la elite, pero para abrir las puertas para el retorno en pleno de militares mafiosos y nuevas estructuras ilegales. Se inventaron una comisión internacional contra la impunidad que sirviera y volviera funcional al MP para desarticular cuerpos ilegales.

Es obvio que estamos lejos todavía en Guatemala de ser un Estado democrático que combate institucionalmente la impunidad. Y estamos merecidamente en la categoría de Estado capturado por poderes fácticos de The Economist. Es enorme el daño que los grupos de poder le están haciendo al sistema de justicia, pero no es el final de la historia. Una diferencia entre las revoluciones de Árbenz y De Paz es que la segunda no llegó por un partido y apoyo de los militares; como tampoco todos los jueces, fiscales y policías que luchan contra la impunidad en Guatemala llegaron a sus puestos provenientes de organizaciones sociales. Los derechos humanos y la lucha contra la impunidad son ideas apropiadas por muchos actores en el sistema de justicia, progresistas y conservadores.

Los abogados emergentes se consolidaron como actores de peso en la disputa por la justicia hasta cinco años después de la derrota del FRG. Los cooperativistas se empezaron a consolidar como actores de peso económico-político cuatro años después de que la CC los desconociera como empresarios para la representación gremial ante el Banguat, y cuatro años después del ostracismo por el caso Rosenberg. Es más, sus otrora odiadas Sandra Torres y Zury Ríos bien podrían ser las próximas dos presidentas del país.

Este proceso de 14 años contra la impunidad ha servido no solo para demostrar que se puede cambiar la historia en Guatemala y que hay estructuras dentro del Estado que arriesgan la vida por la justicia. También para algo más importante: quienes tienen cooptada la justicia nunca más podrán desfilar y obligarnos a decir que no van desnudos.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Blog de Wachik' aj.