Por fin terminaron de “socializarse” los cambios que el gobierno pretende a nuestra Constitución. Santígüese porque ahora irán al Congreso y todo mundo sabe lo que entra al hemiciclo, pero solo Dios sabe lo que saldrá... Mientras tanto, las reformas vienen con ciertos “dulces”, posiblemente, para facilitar su aprobación. Una frecuente queja de las autoridades del gobierno es que el presupuesto público está sometido a una “camisa de fuerza”. Dicen que las asignaciones constitucionales vigentes les restan “flexibilidad”. Yo comparto ese criterio.

La Constitución no debe ser un instrumento para asignar arbitrariamente el gasto público. Sin embargo, como nuestra Constitución no es “perfecta”, los ciudadanos debemos vivir con lo bueno y lo malo que ella contiene. De esa suerte, resulta que la Universidad de San Carlos se lleva 5% del presupuesto público por mandato constitucional. El “deporte” toma otro 3%; el Organismo Judicial, (OJ) 2%; las municipalidades, 10%; la alfabetización, 1%. En total, la Constitución preasigna 21% del presupuesto de ingresos ordinarios.

Por lo tanto, uno pensaría que, con los cambios, se aprovecharía a solucionar semejante problema del que se han quejado consistentemente todos los gobernantes... ¿Correcto? Lamentablemente no es así. Es demasiado pedir a nuestra clase política. Lejos de que se busque solucionar el problema, lo agravan haciéndolo más grande. Ahora la asignación constitucional para las municipalidades se sube a 11%; la del OJ se duplica a 4% y se inventan otras dos asignaciones. Una para la Contraloría General de Cuentas, de 1%, y otra para el Ministerio Público (MP), de 2%. Y, como se mantienen las demás, ahora la “camisa de fuerza” sube a 27% del presupuesto de ingresos ordinarios. ¿Son reformas? O dulcitos para obtener el beneplácito y apoyo de las entidades beneficiadas.

Más de alguna persona bien intencionada verá con buenos ojos que los “operadores de justicia”, por ejemplo, tengan más presupuesto. Yo tampoco lo veo malo. Lo malo es que la Constitución no es para presupuestar; para eso está la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Esa, y no otra, debe ser la herramienta legal en donde deben quedar plasmadas las prioridades políticas de los gobernantes de turno.

Una raya más a ese tigre llamado cambios a la Constitución. En todo caso, queda demostrado, nuevamente, que con tantos otros artículos, no es necesario modificar la Carta Magna para que el gobierno acredite compromiso y apoyo político a la descentralización fiscal, los tribunales y al Ministerio Público, por ejemplo. Por cierto, ¿por qué no se habrá hecho cuando aprobó o presentó los proyectos de Ley de Presupuesto del 2012 y del 2013, respectivamente? Curiosamente no fue así. Tanto el OJ como el MP tienen presupuestos inferiores a los valores que, ahora, se quieren poner en la Constitución.

Las reformas están, aparentemente, terminadas. Ahora están en el Congreso. Allí habrá otras negociaciones. Los ciudadanos debemos estar atentos. Ojalá que terminen siendo rechazadas.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.