La semana pasada comenzaron a ser conocidos algunos temas relacionados con los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entre ellos se encuentra el de decidir una cuota de mujeres en las candidaturas de los partidos políticos, así como la sugerencia de subir de US$2 a US$5 el dinero estatal entregado a los partidos políticos por cada voto obtenido en las elecciones. Ambos deben ser analizados desde la perspectiva de la realidad, aunque sus bases teóricas tienen la apariencia de ser sólidas.

El primero persigue motivar la participación política de la mujer, y el segundo va dirigido a evitar el financiamiento partidista por medio de donaciones imposibles de existir sin el fin de lograr o de mantener privilegios económicos.

La cuota es una parte o porción fija y proporcional. Si el fin es lograr en los congresos, gabinetes y demás puestos políticos una representación de la sociedad, tal cuota debe quedar fijada en el 50%. De hecho debería ser en el 52%, porque es el porcentaje de mujeres en la sociedad. Hablar entonces de 30% o 18%, es totalmente arbitrario, es decir, “contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad y el capricho”, según el diccionario. Puede ser considerado como un buen inicio el fijar esa cuota en un porcentaje menor, y podría ser válido ese criterio, pero no le quita esa característica de arbitrariedad. Y tiene además el problema de la dificultad de encontrar la razón o la fórmula para fijarlo en una cifra.

El concepto de cuota no puede quedar relevado al tema hombres y mujeres. Hay otras divisiones de toda sociedad, y si bien no se puede representarlas a todas, algunas no pueden quedar fuera. Por ejemplo: la edad. Los ciudadanos entre 18 y 40 años (esta última cifra, la edad mínima para poder ser candidato presidencial), constituyen un porcentaje mayoritario de los adultos. Entre ese grupo debería estar en el Congreso el mayor porcentaje de diputados. De hecho, la experiencia histórica de Guatemala demuestra la característica de los dos Congresos en los gobiernos de Arévalo y Árbenz, integrados por gente muy joven, casi todos de menos de 30 años, y por ello sin los efectos negativos de la larga participación en actividad política partidista.

El otro tema ya está causando críticas. La actividad de los partidos no es vista con agrado por la ciudadanía. Aumentar el dinero estatal otorgado a ellos simplemente no creará buenas reacciones populares para quien lo sugiera. La teoría política habla con razón de la necesidad partidista de tener dinero del Estado, para de esa manera asegurar la independencia de los grupos de poder real. Y en efecto, así sucede en las sociedades con largo historial partidista. Pero en el caso de Guatemala, la inexistencia de partidos, sustituidos por simples tribus políticas desarrolladas alrededor de un autonombrado guía para el país, constituye la causa de ver la entrega de ese dinero como una donación a alguien. Por entregarlo no dejarán de existir las componendas.

Cuando se conocen negociaciones entre partidos para decidir a cuánto aumentará esta donación estatal, el resultado entre los ciudadanos es una actitud de rechazo. La historia guatemalteca enseña con creces cómo los dirigentes políticos se dedican a obtener dinero de fuentes no siempre transparentes ni bien intencionadas. Debido al altísimo costo de cada voto en Guatemala, a causa de los exagerados gastos, incluso ese dinero no será suficiente. La única manera podría ser obligar a los partidos a utilizar exclusivamente la suma estatal para sus campañas, pero como eso es imposible, hablar de aumentar de dos a cinco dólares el dinero entregado por cada voto favorable obtenido es una idea imposible de no ser rechazada por la ciudadanía.

*Esta columna fue publicada originalmente en Prensa Libre.com.