Siempre en la línea de ser Guatemala un país surrealista, este martes (07/02/2012) fue capturado, acusado de secuestro, un integrante de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial (SAAS), la cual sustituyó al Estado Mayor Presidencial como parte de los Acuerdos de Paz, y cuya tarea principal es brindar seguridad y protección al presidente, vicepresidente y a sus familias, así como a quienes han ejercido esos cargos. Por elemental lógica debe estar integrado por personal de élite no solo en sus capacidades profesionales para cumplir con su tarea, sino además por tratarse de personas psicológicamente estables y sobre todo con plena conciencia de su obligación de cumplir con las leyes, pero sobre todo, no violarlas intencionalmente.

El asunto no debe ser visto como una prueba de la decisión del actual gobierno de limpiar las líneas de quienes integran las diversas fuerzas de seguridad del país, entre las cuales la SAAS ocupa un papel muy notorio. Ciertamente es plausible la captura del acusado, cuyo último plagio ocurrió en este mes de enero, hace sólo un par de semanas. Lo espeluznante es una realidad evidente: no existen controles adecuados en la selección del personal asignado a dicho cuerpo, cuyo prestigio se había visto muy disminuido en el régimen anterior, a consecuencia de la acusación hecha por el propio presidente de entonces contra el director de la entidad, a quien despidió al acusarlo de colocar aparatos de espionaje contra el mandatario.

En este caso, el hoy capturado ingresó a la SAAS en el 2003 y por motivos no aclarados oficialmente se retiró en el 2007, para ingresar a la Policía Nacional, de donde fue separado por acusaciones de corrupción. Sin embargo, reingresó a la SAAS y fue asignado al expresidente Vinicio Cerezo, quien de hecho en esa forma se encontraba en peligro de cualquier acción delictiva cuando este agente estaba a su servicio. Para terminar de complicar las cosas, las informaciones acerca del hecho fueron confusas: primero, el presidente Pérez Molina negó la pertenencia del detenido a la SAAS, pero después la versión presidencial fue desmentida de hecho, al ser admitida la participación de esta persona en las filas de estos agentes.

En la historia ha habido casos famosos de infiltración de enemigos entre los cuerpos de élite dedicados a cuidar a los mandatarios, a consecuencia de errores humanos, falta de suficientes requisitos para escogerlos. En algunas ocasiones las consecuencias han sido trágicas para quienes son cuidados, y en otras son fuente de burla por las fallas. Como sea, el caso tiene una importancia en sí, no solo por el posible riesgo similar a cualquiera de los personajes políticos nacionales cuya seguridad personal depende de los integrantes de la SAAS. El presidente Pérez Molina lo sabe a la perfección, porque durante el gobierno del licenciado Ramiro de León Carpio ejerció el mando del Estado Mayor Presidencial, antecesor de la SAAS.

El caso demuestra, a mi criterio, el precario estado de las instituciones de seguridad del país. En pocos otros casos es tan fundamentalmente importante la confianza de la persona recipiendaria de un servicio profesional. Si un presidente o ex presidente y sus familias tienen la más mínima duda de la corrección de los agentes destinados a cuidarlos, la cercanía de ellos se convierte en una preocupación constante.

No queda más remedio: primero, revisar los sistemas de todo tipo para la escogencia de los agentes de la SAAS. Segundo, analizar e investigar la hoja de vida y demás datos necesarios para calificar a la totalidad de los agentes integrantes de esa fuerza. La SAAS acaba de recibir un certero impacto en su imagen ante la población. Si entre quienes cuidan al presidente hay delincuentes, todos estamos muy, pero muy mal.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.