El 23 de octubre de 2008, cuando se aprobó la reforma energética que también incluye la política petrolera, pese a haber obtenido mayoría de votos en el Senado de la República, su resultado no satisfizo al actual gobierno que la propuso, pero tampoco a la oposición que evitó la inversión privada irrestricta en la explotación del petróleo. En realidad, se trata de una vieja confrontación que divide a la opinión pública nacional: están quienes desde una posición nacionalista propugnan por un desarrollo soberano, apegado a la letra y espíritu de la Carta Magna; de la otra parte, hay quienes desde el mirador empresarial, no repararan en analizar el pasado y tienen la certidumbre que con el libre juego de los factores del mercado es posible armonizar el progreso y la justicia social.
Cuando Calderón se desempeñó como secretario de Energía entre 2003 y 2004, no emprendió acción alguna para resolver los problemas administrativos o para enmendar algunas de las ineficiencias más notables de las empresas paraestatales Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, en su calidad de presidente, propuso una reforma energética integral, pero por los términos incondicionales de aceptación del capital privado y una estrategia mal planteada y engañosa, provocó movilizaciones de la oposición. La evocación a dos experiencias históricas fueron recurrentes, cuando entre 1959 y 1964 se contrataron servicios de perforación bajo el supuesto de disminuir sus costos, el resultado fue exactamente contrario, con el inconveniente que algunos contratistas eran insolventes y mal capacitados. La otra fue durante el auge petrolero en la década de los setenta, pues en el lapso de un quinquenio Pemex dejó de ser garante de la autosuficiencia energética del país, para colocarse como una entidad exportadora de hidrocarburos de importancia mundial. Dentro de todos los problemas que esta situación generó, pudo demostrarse que por la capacidad negociadora del petróleo, puede obtenerse financiamiento y con voluntad política y un buen aprovechamiento de sus trabajadores podría llegarse muy lejos.
Por cierto, cuando México se convirtió en un país exportador de hidrocarburos, la complejidad de operación de Pemex dio oportunidad para que, por medio de la contratación de servicios varios, funcionarios y empresarios realizaran negocios millonarios y poco transparentes. Por otro lado, las ganancias de la paraestatal son absorbidas por el fisco, de tal suerte que los rezagos son mayúsculos por su descapitalización. Frente al escenario alarmante que pinta el gobierno en el sentido del agotamiento de los mantos gigantes, lo desmiente un estudio que el experto petrolero, Jorge Díaz Serrano, entregó al Senado en abril de 2008. En el advertía que no se ha explorado más de una cuarta parte del territorio susceptible de poseer petróleo. Es decir, las ganancias pueden ser promisorias para inversionistas nacionales o extranjeros.
Ante esta expectativa tan promisoria para los inversionistas, debe considerarse que el artículo 27 de la Carta Magna se elaboró con el propósito preservar el interés social sobre el particular; así como el de evitar que se repitieran los abusos de las compañías petroleras extranjeras, colocando además a los hidrocarburos como área estratégica. Por lo que ninguna ley secundaria puede estar por encima de un precepto constitucional, de tal suerte que quizá sea conveniente citar textualmente el párrafo alusivo, que a la letra dice: “Corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; determinando que para su uso y aprovechamiento no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán las que en su caso se hayan otorgado”.
Ahora, de atenderse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede verse la complejidad del derecho y sus argucias, pues para evitar una confrontación con la presidencia, rechaza la controversia interpuesta por los diputados, en virtud de que ejercen “una especie de vigilancia legal oficiosa sobre los actos administrativos concretos del Ejecutivo federal, función que no le corresponde”. Con esta decisión, el presidente Calderón muestra la verdadera intencionalidad de su reforma de 2008 y coloca en un brete el futuro de México, porque al momento en que cualquiera de los tres poderes decida aplicar la ley con determinación, habrá una confrontación con afectación a los inversionistas.
