El apretón de manos entre Nebot y Correa ocurrido durante las fiestas de Guayaquil despertó la atención mediática del país por un buen rato. Las candilejas que provocó el mencionado saludo lamentablemente opacaron un hecho de gravedad que ocurrió durante esos días. Mientras se comentaba el apretón de manos, tres vacantes de la Corte Constitucional eran llenadas por personas que por sus antecedentes no parece que mantendrán la suficiente independencia del oficialismo.

Una de ellas ha prestado servicios como asesora de la Presidencia de la República, mientras que otro de los nuevos magistrados ha sido funcionario de la Gobernación del Guayas. Ninguno ha escrito tratados o libros sobre Derecho Constitucional, ni al parecer ha dedicado años de su vida a la cátedra de tan importante asignatura.

La poca atención que recibió esta situación se debe probablemente a que durante los últimos años hemos terminado por aceptar como algo normal y corriente el que no tengamos magistrados independientes en el país. La Corte Constitucional bajo el sistema creado en Montecristi ejerce una serie de funciones muy importantes para garantizar la real vigencia de la Constitución. (Es más, algunas de esas funciones exceden el cauce ordinariamente asignado en muchos países a los órganos de control constitucional). Que un órgano de esa jerarquía esté conformado por personas que hayan sido dependientes del Ejecutivo, o de escasa o ninguna producción jurídica constitucional, parecería que confirman que el jefe de Estado estaba en lo cierto cuando aseguró que él es el jefe de todos los poderes públicos.

La penosa situación del Ecuador contrasta con lo que sucede actualmente en ciertos países de la región, no se diga en Europa o Estados Unidos. El Gobierno chileno, por ejemplo, acaba de sufrir una seria derrota política luego de que su candidato a contralor, Enrique Rajevic, no recibiera los votos necesarios en el Senado. El principal reparo que se le hizo fue el haber sido asesor del Ministerio de Urbanismo, y haber recibido una beca gubernamental para su doctorado. Nadie cuestionó la integridad personal de Rajevic. El problema fue las dudas que despertaron sus antecedentes con respecto a su independencia. Como la mujer del César, no solo se debe ser sino aparentar ser.

Pero lo que en Chile se ve como limitante para una función de auditoría, entre nosotros parecería ser una ventaja, y nada menos que para una magistratura constitucional; más allá de la integridad moral que gozan los nuevos magistrados. Lamentablemente la actual Corte Constitucional es quizás el peor de los órganos de su género que hemos tenido. Su poca o ninguna independencia la confirman sus propias estadísticas, sus increíbles fallos –como el que liberó de prisión al violador de una menor, o aquel que avaló la ley mordaza, o el que permitió que la reelección vitalicia no sea sometida a consulta–, así como los informes de organizaciones no gubernamentales.

En todo caso, el país estará atento a las decisiones de los nuevos magistrados constitucionales para confirmar o desdecir estas dudas sobre su independencia.

*Esta columna fue publicada originalmente en ElUniverso.com.