A pesar de los continuos esfuerzos que lleva adelante la actual administración gobernante en la Argentina, las contradicciones en el rumbo económico siguen siendo una de las constantes de este país.
Apenas llegado al poder, en diciembre de 2015, el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, alentó a los ahorristas a confiar en la moneda nacional mediante la imposición de una tasa de interés real positiva que pudiera cumplir dos objetivos:
1. Incrementar la demanda y confianza en el peso argentino en detrimento del dólar.
2. Fomentar la tan necesitada tasa de ahorro en la Argentina.
Unos meses más tarde, un sinfín de funcionarios de Cambiemos, el partido gobernante, alentó a los argentinos a repatriar su capital del exterior, formalizarlo e invertirlo en el país con el lema de que “la situación había cambiado y se podía confiar en Argentina”. Así, más de 100.000 millones de dólares de capitales argentinos participaron del “blanqueo” mediante la compra de bonos o el pago de penalidades.
Apenas un tiempo después, el Gobierno impulso el impuesto a la renta financiera, tanto para residentes como para no residentes, gravando a las personas físicas que inviertan en títulos públicos con una alícuota que va del 5% al 15%.
Mientras que este tributo ya estaba rigiendo para los inversores residentes a partir del 1° de enero, este lunes se reglamentó el impuesto a la renta financiera para los inversores no residentes que llevan adelante una inversión en distintos activos argentinos.
Se trata de una contradicción con muy poco timing y de bajísima efectividad para solucionar los problemas de fondos que tiene la Argentina, como ser el abultado déficit fiscal y la necesidad de financiar una infraestructura que pueda llevar al desarrollo económico sustentable.
En el mejor de los casos, este tributo recaudará el equivalente al 0,2% del PBI, apenas imperceptible para mejorar el desequilibrio fiscal de 6 puntos porcentuales del producto, a costa de generar desincentivos, cambios en las reglas de juego y desconfianza.
Decisiones difíciles de entender
Según la nomenclatura del Banco Mundial, se considera Ahorro Bruto a la diferencia entre el Ingreso Bruto Nacional menos el Consumo total más las Transferencias Netas de dinero.
Bajo esta denominación, Argentina tiene una relación de Ahorro Bruto / PBI de tan sólo 13,65% según datos de 2016, por debajo del 17,4% del promedio de Latinoamérica, del 19,1% de Colombia y del 20,2% de Chile para ese mismo año.
Desde 2007 en adelante, la tasa de ahorro bruto en nuestro país no ha parado de caer, coincidiendo con el descontrol de las cuentas del sector público, la pérdida del superávit fiscal y el brutal crecimiento de la estructura del Estado que terminó con un gasto público por encima del 40% del PBI y con un déficit fiscal del 6% que todavía estamos sufriendo.
Con este panorama, donde el ahorro privado interno y el financiamiento externo son los que permiten llevar adelante el gradualismo del modelo económico, resulta prácticamente incomprensible haber avanzado con el tributo a la renta financiera.
En momentos en que es necesario recuperar la confianza del inversor, este nuevo paso en falso es prácticamente difícil de explicar, al menos, desde la coherencia y racionalidad económica.
*Esta columna fue publicada con anterioridad en Sala de Inversión.com.
