Guatemala es el país más poblado (un poco más de 14 millones de habitantes) y con la economía más grande de la región centroamericana (con un PIB en torno a los US$ 40.000 millones). Sin embargo, es también el país más atrasado en términos de indicadores de desarrollo humano y que enfrenta las más serias amenazas, que ponen en riesgo su frágil estabilidad y sistema democrático.

De cara a las próximas elecciones generales, los ciudadanos, en más de 65%, expresan tajantemente que su principal demanda y preocupación es la inseguridad y violencia. Detrás de esta demanda que acapara el debate electoral, subyace el fracaso de más de veinte anos de ensayos por construir instituciones de seguridad y justicia que instauren la semilla de un Estado de Derecho efectivo que ponga fin al régimen de impunidad existente.

Sin seguridad ni justicia, todas las instituciones del país están en riesgo permanente de ser cooptadas o capturadas por agentes para estatales y criminales que han sentado sus negocios y operaciones en distintos puntos del territorio, amparados por la certeza de que el Estado carece de la fuerza y los recursos para enfrentarles.

La sociedad sin embargo, esta produciendo espacios de debates y encuentros para articular propuestas y respuestas a esta amenaza y nunca como antes, el debate político-electoral había estado tan influenciado por propuestas ciudadanas, en contraste con el pobre desempeño de propuestas emanadas de los partidos políticos.

Por primera vez también se está generando un consenso nacional respecto a una reforma fiscal que fortalezca las finanzas publicas, acompañada de medidas que optimicen la inversión publica con gasto de calidad en áreas estratégicas para superar los grandes desafíos en materia de seguridad, política social e infraestructura para el desarrollo económico social. El Estado de Guatemala es el que menos impuestos recauda del continente, llegando apenas a 10% de recaudación tributaria en relación al PIB.

El candidato presidencial que resulte electo en el venido evento electoral del 11 de septiembre, tiene ante sí desafíos nunca antes vistos pero también cuenta con una sociedad civil pujante y proactiva. Los partidos políticos en Guatemala son expresiones organizadas muy débiles y con escaso margen de maniobra para afrontar por sí mismos los grandes retos. El fracaso del gobierno actual y de los anteriores ha sido precisamente su incapacidad de articular y sumar intereses de Nación con otros sectores.

Romper el círculo perverso de campañas y partidos altamente dependientes del financiamiento privado es otra variable en juego en esta elección. Si bien las condiciones en materia de financiamiento electoral siguen siendo las mismas, los gobiernos funcionales solo a los intereses de sus financistas gozan de espacios cada más limitados de apoyo y tolerancia ciudadana. Un nuevo gobierno de este corte, tiene garantizado un clima de inestabilidad y oposición permanente dadas las grandes carencias sociales y demandas insatisfechas de la sociedad.

Otro tema de seguridad nacional que espera al nuevo gobierno es el relativo a los altos niveles de desnutrición infantil que ubican al país como el tercero a nivel mundial con un 50% de sus niños mal nutridos. Este indicador refleja la dimensión del déficit acumulado que tiene Guatemala con la mayoría de su población y que amenaza la viabilidad de cualquier proceso social, económico y político en el futuro.

Ninguno de los retos que tiene por delante el país es posible encararlos con éxito sin la presencia de un liderazgo político que supere el divisionismo y el sectarismo en que ha caído el sistema de partidos políticos. Guatemala debe transitar por una reforma política integral que abra el sistema a nuevos liderazgos y espacios de participación ciudadana que la alejen del escenario pesimista de un Estado fallido.

El presidente que resulte electo el 11 de septiembre próximo, o bien en una segunda vuelta en noviembre, ya no cuenta con un margen de maniobra amplio como lo tuvieron sus antecesores. Deberá actuar pronta e eficazmente convocando a un acuerdo que alcance los principales temas de interés nacional. Solo así se puede garantizar una ruta de gobernabilidad para el país en los próximos anos.