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La guerra a la CIDH
Mar, 05/06/2012 - 16:03

Hernán Pérez Loose

Fujimorato judicial
Hernán Pérez Loose

Hernán Pérez Loose es analista político ecuatoriano.

La guerra para debilitar y destruir al sistema interamericano de derechos humanos, cuyo primer objetivo visible es por ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha comenzado a aflorar. Pinochet, Videla, Bordaberry, así como Fujimori, Uribe y otros de esa estirpe, unos elegidos en la urnas y otros en los cuarteles, seguramente estarán complacidos y sonrientes donde quiera que estén. Deben sentirse hasta reivindicados por el concertado esfuerzo de ciertos gobiernos para socavar a esa institución que tanto detestaron.

¿Cómo no se nos ocurrió antes -seguramente estarán diciendo- eso de formar nosotros mismo un sistema regional de derechos humanos para nosotros, como propone ahora Chávez? En efecto, ese fue el salto que no pudo dar esa panoplia de autócratas que devastaron las instituciones de sus países. El control que tuvieron sobre los jueces, fiscales, parlamentos, contralorías, medios, partidos, universidades, y otras instituciones y sociedades intermedias, era un control que terminaba en las fronteras de sus países. El sistema interamericano de derechos humanos quedó fuera de su alcance. Y hoy ese es el salto que se pretende dar.

Quizás no deje de tener cierta lógica este afán de algunos gobernantes por controlar a las organizaciones internacionales de derechos humanos existentes -o de crear nuevas que las debiliten y que sean más amigables para con los estados-. Las transformaciones que vienen sucediendo en el derecho internacional han ido dejando atrás la tradicional noción que la jurisdicción es una expresión del poder de los Estados. A través de ciertas doctrinas -tanto del derecho internacional público como privado-, tales como “denegación de justicia”, “autonomía de las partes”, “acceso a la justicia”, no se diga la revolución de los derechos humanos, la jurisdicción va dejando de ser reflejo del poder de los estados para convertirse en un derecho de los individuos. Ello constituye un cambio fundamental en la posición de estos, tanto en el plano internacional como nacional. De objetos pasivos de regulación normativa, los individuos -considerados en forma singular o colectivamente- están convirtiéndose en sujetos activos de derechos en esos dos planos, y con una fuerza antes impensable.

Esta suerte de “soberanía cosmopolita” (Mills) que está surgiendo es más fácil de asimilar por sociedades abiertas, con instituciones pluralistas y democráticas que por regímenes autocráticos y líderes autoritarios. La carrera para someter a las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos no es sino una reacción desesperada por frenar este movimiento estructural o para protegerse de él.

Las acusaciones contra la CIDH de invadir las soberanías estatales o la teoría de que sus decisiones no son obligatorias –solo para poner dos ejemplos– son exactamente las mismas que esgrimían los diplomáticos y juristas defensores de Pinochet en los 70 y de Fujimori en los 90. Pero esta arremetida contra la institucionalidad internacional está condenada a fracasar. Las transformaciones contemporáneas que están ocurriendo en el mundo moderno no las detendrán las estridencias de un par de repúblicas bananeras. Estas terminarán simplemente en las cunetas de la historia.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.

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