“La Corte de Constitucionalidad debe contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de Derecho”. “Debe desideologizarse la justicia en Guatemala”. Estas dos frases, pronunciadas por la élite empresarial y suscritas por la mayoría de las élites de poder en mayo de 2013, han sido una sentencia de muerte para la justicia en Guatemala.
¿Pero cómo dos intenciones tan loables pueden lograr acabar con la justicia en la República de Guatemala, una República que vive en un sistema democrático? Pues porque la traducción al idioma guatemalteco de los jueces quiere decir: aquí no se juzga a los poderosos y aquí la ideología oficial del Estado es la derecha.
Desde el boicot de las élites empresarial, política, militar, intelectual y mediática al juicio por genocidio contra Ríos Montt & Compañía imaginada, el sistema de justicia dejó de funcionar o de intentar independizarse de los poderosos, como lo estaban logrando Amílcar Velásquez Zárate y Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público desde 2009.
Vean por favor el fracaso que representa que ninguna de las 60 salas de apelaciones quiera conocer el tema de la amnistía de Ríos Montt. Una amnistía nula por obviedad, porque una ley después de la firma de la paz declara que es nula la ley de autoamnistía de los militares y que no se declarará olvido penal a tres delitos: lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio.
Pero como aquí ya se dictó la regla de no juzgar a los poderosos y porque fallar en contra de la ideología oficial del Estado es “una tacha” para la elección de este año en el Congreso (imagínese el ridículo), ningún tribunal de apelaciones quiere conocerlo. Es que si estuviéramos en un palacio de hace algunos siglos, la imagen sería que cada uno de los jueces va haciendo la genuflexión respectiva cuando pasa el rey desnudo preguntando si aceptan tomar el caso.
Si yo fuera inversionista extranjero y no me parecen las condiciones que me quieren imponer los empresarios guatemaltecos, no vendría a Guatemala precisamente porque sé que la justicia nunca fallará en contra de mi potencial competencia.
Pero lo más profundo es ¿cómo le explicamos a los ciudadanos que confían en el sistema de justicia del país que sigan creyendo aunque siempre vayan a perder frente a los tribunales? ¿Cómo? ¿Creen que tenemos vocación de lacayos? Moisés Naím se confundió cuando le habló a las élites: no era dejar de ser habitante, sino dejar de ser príncipe o cacique para ser ciudadanos. Ortega en Nicaragua instituyó una “ideología” (orteguista) para sus jueces. Maduro para los suyos. Sí, sus odiados dictadorzuelos. Pero aquí no vamos a tolerar eso de una ideología oficial para el Organismo Judicial. Aquí hemos invertido muchas energías (y vidas) los ciudadanos guatemaltecos y nuestros amigos de otros países como para echar a perder un sistema judicial sólo porque a algunos no les gusta eso de ser iguales ante la justicia.
Y en medio de esto, qué bueno que existe un Ministerio Público independiente que aclarará si no debe quedar impune la muerte de César Barrientos, el juez con mayúscula, quien trabajó toda su vida para hacer viable al sistema para que hubiera justicia para todos los ciudadanos de esta nación, sin importar su origen social. Su partida será una inspiración para honrar su legado.
