A veces se abusa de nuestra falta de memoria para vendernos gato por liebre. Les cuento un ejemplo.

Durante el 2016, en el anterior Congreso, saltó un proyecto de ley empujado por el congresista Juan Carlos Eguren del PPC. Su intención era limitar la capacidad de los centros de arbitraje para elegir a quienes se podían nombrar como árbitros. Esa es una facultad que en el mundo entero existe para darle a los centros la capacidad de controlar la idoneidad de los árbitros. Así como un estudio de abogados tiene la facultad de elegir a sus abogados según sus capacidades, en el arbitraje pasa lo mismo. 

¿Por qué Eguren hizo eso? Varios centros arbitrales se habían “puesto las pilas” y comenzado a establecer listas de árbitros más rigurosas e incluir un requisito de confirmación, que les permitía sujetar el nombramiento de árbitros a la aprobación por el centro en base a la de idoneidad para asumir el arbitraje.

Eguren pretendía por ley desaparecer esa facultad. Sus argumentos iban desde permitir el derecho al trabajo (como si un árbitro fuera un empleado) hasta la afectación de la libertad de las partes. Pero no consideraba que eran las partes quienes habían acordado ir a ese centro. El procedimiento de elección de árbitros era en realidad un acuerdo entre ellas. 

Pero como buen congresista, Eguren ocultó sus verdaderas intenciones. Cuento aquí la historia completa, tal como la relaté en un artículo publicado en esta misma página (“Con nombre y apellido”, 7 de mayo del 2016).

Un amigo de Eguren y miembro de su partido político (el PPC) integraba la lista de un prestigiado centro arbitral. El centro inició un proceso de reincorporación de árbitros a su lista. En ejercicio de su libertad (un centro arbitral es una institución privada y como tal es libre de elegir quién integra su lista de árbitros) decidió no aceptar la solicitud del amigo de Eguren. 

El nombre de su amigo: Horacio Cánepa. Efectivamente. Es el árbitro que según una reciente investigación del diario El País de España habría recibido de Odebrecht fondos en una cuenta bancaria en Andorra. El PPC lo ha suspendido en medio de voces para expulsarlo. Por supuesto que a Cánepa le beneficia la presunción de inocencia. Pero ese es otro asunto.

Cánepa me denunció penalmente por supuestamente haber afectado su honor con mi artículo. Durante el juicio aparecieron documentos interesantes: cartas de Eguren a centros arbitrales pidiéndoles explicaciones por limitar el ingreso de Cánepa e incluso una carta, en papel membretado del Congreso, intercediendo ante el OSCE para que inscribiera a su “amigo Horacio Cánepa” (así lo dijo literalmente en su carta) como árbitro a pesar de no cumplir con los requisitos reglamentarios. 

Apenas unas cuantas semanas antes de que el diario El País publicara la investigación sobre Cánepa, este desistió de su denuncia en mi contra. 

Con tremendo escándalo, el proyecto cayó en el olvido. Uno podría esperar que sería el fin del asunto. Pero no fue así. Parece fácil aprovechar la amnesia colectiva. El proyecto ha resucitado y ha sido empeorado. 

Sería bueno que se explicara por qué se han copiado el proyecto de ley Cánepa preparado por Eguren. 

Lo cierto es que esa norma dejaría desnudos a los centros arbitrales en su capacidad de controlar quiénes arbitran en sus casos. Pero además, alejaría al Perú de los más altos estándares internacionales. El Perú es el país latinoamericano de más crecimiento en arbitrajes de la Corte de Arbitraje de la CCI, el centro de arbitraje más prestigiado del mundo ubicado en París, y que justamente tiene como estándar la confirmación de árbitros.

Y no solo eso. No se podría arbitrar con la ‘Ley Cánepa’ en otros centros arbitrales reconocidos internacionalmente como la propia CCI, el International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la American Arbitration Association, la London Court of International Arbitration (LCIA), el Hong Kong International Arbitration Centre o el Singapore International Arbitration Centre (SIAC), que nos garantizaría un arbitraje limpio y de alta calidad. Curiosamente no cumplirían con una ley tan absurda. Ningún centro de arbitraje prestigiado deja de tener listas o sistema de confirmación de árbitros. 

Y es que antes de tratar de aprovecharse de nuestro olvido, en el Congreso deberían ser transparentes y explicarnos por qué se empuja la ‘Ley Cánepa’.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.