Tras desatar una gran polémica, la Universidad del Mar, en Chile, está viviendo su cierre definitivo debido a su deficiente, y quizás delictual, gestión institucional y financiera.

Previendo esta situación, los accionistas de la casa de estudios privada habían ejecutado una impecable y sofisticada jugada de negociación. Los dueños actuales han entregado, sin costo alguno, el 66% de la propiedad a la Iglesia Evangélica de Chile. Con esta movida, le dicen a la autoridad “tu problema ahora no es con tres o cuatro personas (los dueños de la universidad), sino con aproximadamente 2,5 millones de personas”. En efecto, con esta movida la iglesia evangélica, que hoy representa alrededor del 15% de la población nacional, se hace parte del problema.

¿Cómo se relaciona esto con el diferendo chileno-peruano que se ventila ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya?

Es razonable asumir que tanto la posición peruana como la chilena tienen un grado importante de legitimidad en derecho. De otra manera, no se explicaría por qué la Corte Internacional decidiera declararse competente y conocer el caso. Por lo tanto, la única variable que quedaría en la mesa para que la Corte falle, sería la facilidad o dificultad operativa para implementar el fallo.

Esto favorece a Chile, ya que un fallo favorable a la posición chilena significaría no hacer cambios respecto de la situación actual.

Pero si la Corte falla en estricto apego al derecho, sin consideración de ninguna variable operativa en la ecuación, y si asumimos que ambas partes tienen igualdad de peso jurídico en su posición, el fallo puede ir para cualquier lado, Chile o Perú. En este caso, debemos prepararnos para negociar con el país vecino.

¿Cómo es un fallo “ajustado a derecho” pero operativamente complejo? Una opción es que la corte falle favorable a Perú en lo relativo a los límites, aduciendo que los límites no estarían efectivamente definidos, pero favorable a Chile en lo relativo a lo económico, ya que los tratados de índole económico estarían vigentes. Expuestos a este escenario, ambas partes deberán sentarse a negociar.

Si ese es el caso, Chile debería estar trabajando ya en la elaboración del BATNA (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado, por sus siglas en inglés) o “Plan B”, para sentarse con más poder y mejores opciones en la mesa de negociación.

Para el correcto diseño del BATNA, debemos partir de dos premisas; la primera, que cualquiera sea nuestro valor económico actual del territorio en disputa, después del fallo ese valor cae exactamente a cero, ya que lo perdemos todo. Y la segunda es subir a la mesa a otro jugador que refuerce nuestra posición, que es justamente lo que no hicimos con Ecuador antes de llegar a La Haya.

Un BATNA posible podría ser ofrecer ahora a Bolivia los derechos del 50% del beneficio económico de la zona en disputa, sin costo. De esta manera, si el día de mañana Perú decide gravar la explotación en su zona soberana, el problema ya no lo tendría sólo con Chile, sino que también con Bolivia. De esta manera perdemos sólo el 50% del valor actual de la zona económica exclusiva, mejor que perderlo todo.

Otro ejemplo de BATNA para Chile sería endeudarse con alguna institución multilateral (Banco Mundial, BID, u otro) importante para el desarrollo de Perú, y entregar los ingresos futuros de la zona en conflicto como garantía de crédito. Nuevamente, si Perú decide gravar la actividad en esa zona, el problema ya no es sólo con nuestro país, sino que también con la institución financiera.

De cualquier manera, un fallo de este tipo sería replicar la situación del salitre previo a 1879, en la que la explotación económica era de empresas chilenas, pero sobre territorio de Bolivia. Ya sabemos como terminó aquello.

En resumen, está bien que nuestras autoridades nos induzcan a esperar lo mejor, pero alguien debería estar diseñando nuestra estrategia de negociación y planificando para lo peor.

Esto es lo que hicieron los dueños de la Universidad del Mar. En vez de perderlo todo por la vía del cierre de la institución educacional, perdieron sólo el 66% que donaron (quizás hasta tengan beneficios tributarios) a la Iglesia Evangélica y transformaron el problema en uno de múltiples jugadores. Una buena lección para el equipo que debería estar trabajando en nuestra estrategia de negociación con Perú en un escenario post-Haya.