Este lunes el presidente Felipe Calderón y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, presentan el Centro para el Aprendizaje en Evaluación de Resultados de América Latina (Centro Clear) que encabeza Claudia Maldonado Trujillo en México.

Los Centros Clear están ubicados en China, India, Sudáfrica, Senegal y, desde 2012, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue seleccionado competitivamente entre 22 instituciones provenientes de distintos países en América Latina de habla hispana para albergar el Clear.

Sé que en estos momentos de la coyuntura electoral los temas de evaluación de las políticas públicas que reciben presupuesto federal son manipulados o utilizados a conveniencia por las fórmulas políticas en contienda; sin embargo, el avance que ha tenido nuestro país en materia de monitoreo y evaluación no sólo de programas federales sino estatales y hasta municipales, ha generado toda una escuela que es replicada en varios países de América Latina, incluyendo Brasil y Colombia.

El ClDE, que dirige Enrique Cabrero, centro de investigación y educación seleccionado, ha construido un complejo sistema de evaluación de programas públicos y, por lo mismo, participó en el proceso de selección que realizó el Grupo de Evaluación Independiente (IEG) del Banco Mundial, que preside Robert Zoellick, para seleccionar la sede del Centro Clear en México, una iniciativa que en América Latina está en proceso de establecimiento en Brasil y Colombia hasta ahora.

El de México será el primer Centro Clear en América Latina y el Caribe y el BID de Luis Miguel Moreno, a través de la Oficina de Evaluación y Supervisión, ha participado activamente en la construcción del centro regional que se especializará en apoyar la construcción de sistemas nacionales y subnacionales de monitoreo y evaluación de políticas públicas, para medir su efectividad y resultados.

De que se evalúe no sólo depende la transparencia en la aplicación del gasto, sino el ajuste a políticas públicas que pudieran no tener los resultados esperados a pesar de que el gasto fue bien aplicado.

Usted sabe que un esfuerzo similar se ha hecho desde el gobierno federal que se lanzó el año pasado con el Portal de Transparencia Presupuestaria en la Secretaría de Hacienda y a la fecha se han realizado evaluaciones al Fondo Regional (Ramo 23), a los Fondos Metropolitanos (Ramo 23), al Ramo (33) y al Fondo PyMe.

En este contexto, se suscribió un crédito con el BID el año pasado para financiar a los gobiernos estatales en el proceso de adopción de mecanismos de evaluación presupuestal basado en resultados en diez estados, ya se han firmado seis convenidos y los estados que han aceptado hacerlos son Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Durango, Colima e Hidalgo. A la fecha ya han firmado dicho Convenio los estados de Oaxaca, Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa y Puebla, por lo que el color de los gobiernos no es lo que motiva esto.

De ahí que la elección y selección del CIDE-Clear (parte de la División de Administración Pública antes de que tomara su sabático el doctor Mauricio Merino) ha sido importante porque el centro es el que brindará asesoría para el desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación (M&E) del presupuesto basado en resultados en esas entidades mexicanas, y al mismo tiempo lo hará en diferentes partes de la región de América Latina que no tienen el mismo grado de madurez que ha ido tomando el sistema en México.

De Fondos a Fondo. La semana pasada, el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública Estatal del gobierno de Puebla, Pablo Piña Kurczyn (o sea, el abogado del estado), encabezó un conference call con los principales bancos e inversionistas y el argumento es el mismo. A cuatro años de haber sido concesionada y con casi dos del gobierno actual, hasta ahora dicen que pudo haber irregularidades en la concesión que no se licitó, que OHL le transfirió al gobierno del estado la obligación de adquirir el derecho de vía (los gobiernos normalmente se tienen que responsabilizar y la concesionaria paga y, si no está liberado, no pueden iniciar la construcción); y que la compañía sólo había invertido 220 mil pesos vs. 550 millones de pesos que se había comprometido a depositar en un fideicomiso para respaldar el proyecto, y que nunca le dio un bono de 57,9 millones de pesos prometido al gobierno. Por eso revocaron la concesión. Mire, lo que no les comentó es que los recursos no pasaban por las arcas del estado sino que iban directo a pagar los derechos de vía y que ésta ha sido liberada en un 90 por ciento. Los bancos que extendieron el crédito contra la concesión también se van a sumar al reclamo contra el gobierno poblano y, aunque en silencio, se comenta el ruido que la acción poblana ha causado en el mercado internacional de concesiones públicas.

El ex JP Morgan, Gabriel Casillas Olvera, ha sido el nuevo talento reclutado por el presidente del Consejo de Administración de Banorte, Guillermo Ortiz Martínez. Él conformará el Área de Análisis y su equipo reportará a Marcos Ramírez, director general de Banca Mayorista, lo que muestra la decisión del equipo que es dirigido por Alejandro Valenzuela de potenciar su capacidad de intermediación en el negocio corporativo y patrimonial.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx