El fracaso de la iniciativa Yasuni-ITT cruza transversalmente debates neurálgicos sobre las relaciones Norte-Sur, la tensión entre desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente, el lugar de los pueblos originarios en nuestros países y el rol que la región quiere jugar en el escenario internacional. Estos debates no se circunscriben a Ecuador, ya que el conflicto por el petróleo del Parque Yasuni es sintomático de las decenas de conflictos socio-económico-ambientales que ocurren en este preciso momento en toda América Latina, alrededor de la explotación de nuestras riquezas naturales.

Yasuni-ITT. Para los que no hayan seguido la noticia se las resumo brevemente: el parque Yasuni es una reserva de inmensa riqueza natural localizada en plena cuenca amazónica del Ecuador, donde se calcula la existencia de al menos 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 600 de aves, 200 mamíferos, más de 3000 especies vegetales, además de ser hogar de los pueblos Huo, Huaorani, Tagaeri y Taromenane.

Hace una década encontraron reservas petroleras estimadas por unos 850 millones de barriles al oeste del parque, en el bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Es así como con una propuesta innovadora del gobierno, en el año 2007, creó el proyecto Yasuni-ITT como mecanismo para proteger la biodiversidad y prevenir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. En el mismo, el gobierno de Correa propuso dejar bajo tierra el petróleo y así prevenir la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y respetar el refugio de biodiversidad donde en una hectárea viven más especies que en toda América del Norte junta. Se creó un fondo especial donde la comunidad internacional depositaría a lo largo de 13 años unos US$3,6 mil millones, calculados como la mitad de la ganancia que dejaría la explotación de crudo en ese mismo período.

Pese a las declaraciones y promesas de gobiernos e instituciones, tras seis ños sólo se recaudaron US$13,3 millones, es decir, el 0,37% de lo esperado. Es por ello que el pasado 15 de Agosto el presidente Correa anunció que el “mundo nos ha fallado” y que por ello daba de baja a la iniciativa y pediría al Congreso que permita el otorgamiento de permisos de explotación. Luego de intensas manifestaciones y reacciones en estas últimas semanas ha accedido a permitir una consulta popular sobre el tema, en lo que se está trabajando en este momento.

Norte-Sur, Sur-Sur. Uno de los debates que se encuentra a flor de piel es a nivel países, específicamente la relación Norte-Sur o como a algunos les gusta decir, economías desarrolladas-economías emergentes. La iniciativa Yasuni ITT se inscribe en la tendencia reciente que se da en las Cumbres Climáticas, los organismos multilaterales y organizaciones ambientalistas (la mayoría con sede en países centrales) que claman por la protección del medio ambiente y de los espacios y derechos de las poblaciones originarias. Organizaciones como las Naciones Unidas, el Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial del Trabajo promueven legislaciones que protegen al medio ambiente y a las minorías étnicas. Están en boga en ámbitos internacionales los esquemas como EITI (Extractive Industries Transparency Initative) promovido por Tony Blair o los bonos de carbono como la iniciativa REDD (Reduced Emmissions from Deforestation and Forest Degradation) que buscan transparentar el manejo de los recursos naturales y poner énfasis en el cambio climático. Es en este contexto que debe entenderse a la iniciativa Yasuni ITT.

Con el riesgo de caer en el simplismo, el proyecto consiste en que Ecuador ofrece proteger el medio ambiente, pero los países ya desarrollados -que son los principales contaminantes del mundo- pagan la cuenta del costo de que Ecuador también se desarrolle y absorba las emisiones de carbono que sus economías producen. Cabe recordar que los Estados Unidos y la Unión Europea producen actualmente el 30% del dióxido de carbono mundial -porcentaje que ha ido en declive con el ascenso de China como usina mundial (Global Carbon Project).

No le falta entonces razón al presidente Rafael Correa cuando denuncia de que “el factor fundamental del fracaso (del proyecto Yasuni ITT) es que el mundo desarrollado es una gran hipocresía”. En definitiva, Ecuador también tiene derecho a desarrollarse y a explotar los recursos tal como lo hicieron los países ricos en su momento. El problema que se nos plantea es que este modelo de producción es insostenible. Entonces, un interrogante es cómo lograr que el sistema internacional obligue a las principales economías del mundo accedan a este tipo de arreglos.

Pero, por otro lado, ¿puede permitirse la región echarle la culpa al mundo desarrollado y no hacerse cargo de un modelo de producción insostenible?

De la misma manera, ahora las relaciones son crecientemente Sur-Sur donde la industria y la inversión provienen cada vez más del sudeste asiático. Entre 2000-2012, los países emergentes pasaron de representar el 22 por ciento del producto global a un 36 por ciento. Aquí entra entonces otra discusión: ¿se va a consolidar otro pacto neocolonial Sur-Sur en el cual América Latina se inserta al mundo nuevamente como proveedora de materias primas? Da la sensación de que el desafío no es cambiar de socios sino cambiar de negocio.

Neo-extractivismo. Es en este sentido que también se encuentra sobre la mesa el debate sobre el modelo neo-extractivista que se ha consolidado en la última década. Durante este decenio los precios de los commodities han recuperado los términos de intercambio de casi un siglo de inestabilidad y caída. Indios, chinos y turcos ahora compran autos, multiplican su ingesta de carne, construyen y gastan. La demanda de energía, comida, metales y agua por el ascenso a clase media de más de 1,000 millones de habitantes en la las últimas décadas hace que los precios se sostengan en sus récords históricos.

Esta situación ha favorecido a que las economías de la región hayan logrado duplicar su participación en la economía mundial pasando del 4% en el año 2003 al actual 8%. El Economist llegó a nombrar este decenio como la “década de América Latina”.

Sin embargo, en un reciente libro Havard Haarstad sostiene que este tipo de crecimiento no es cualitativamente diferente a la expansión ultramarina que acompañó la revolución industrial en el Atlántico norte. Este modelo continúa basado en la extracción de recursos naturales, una baja diversificación económica y la dependencia de los mercados internacionales (2012).

La reprimarización de las economías regionales en la última década ha sido sustantiva, en la cual la participación de los productos primarios en las exportaciones pasaron del 27,2% al 42,3% en el mismo período. Esto es así a tal punto que la Cepal acaba de publicar en un informe que el alto precio de los commodities explica el 47% del crecimiento económico de Chile y el 35% de Ecuador en este pasado decenio (CEPAL, 2013). En este aspecto pareciera no haber divisiones ideológicas, Bennington y Bebbington señalan  una “perversa confluencia” entre los gobiernos de Correa, Morales, Kirchner, Humala con Piñera, Alan García y Santos (2012). La ola de gobiernos progresistas han cambiado muchas políticas pero no el patrón extractivo de los recursos naturales. Los únicos cambios han estado relacionados con una mayor apropiación de renta por parte de algunos gobiernos.

El prefijo “neo” indica que la diferencia con la expansión de las economías  finales del siglo 19 y principios del siglo 20 son sutiles pero las hay. Primero, somos más conscientes del impacto que la actividad del hombre genera en el medio ambiente y, segundo, que es más difícil expandir la explotación. La conjunción de marcos regulatorios permisivos – heredados del neoliberalismo-, la expansión de la demanda y los altos precios, ha llevado a la frontera de explotación a espacios naturales protegidos y donde poblaciones originarias viven. Esto da pié a nuevos desafíos dentro de los países.

Desarrollo nacional versus justicia social. Estos desafíos son centralmente las tensiones sociales que surgen tanto en Yasuni-ITT así como en TIPNIS o Itika Guasu en Bolivia, en la mina Pascua Lama o la represa hidroeléctrica Balco en áreas de las comunidades Mapuches en Chile , Bagua o Minas Congas en Perú, entre decenas de otros conflictos similares.

Lo que encontramos es que por un lado en los últimos años la gran mayoría de los países de la región han realizado políticas que fortalecen la identidad y los derechos de las poblaciones indígenas. Bolivia en el 2009 y Ecuador en el 2008 han incluido ambiciosos derechos ambientales e indígenas en sus recientes reformas constitucionales y hasta han cambiado el nombre de sus países incluyendo el adjetivo “Plurinacional” en los mismos.  Es decir, se han visibilizado pueblos excluídos y se les ha brindado herramientas institucionales para que ejerzan su derecho.

A su vez, con los recursos fiscales provenientes por la actividad extractiva han permitido a Ecuador y a los demás países, implementar políticas sociales que buscan erradicar la pobreza y combatir la desigualdad. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo los logros son indiscutibles: en Ecuador, la pobreza pasó del 52 al 37% entre 2003 y 2012 la clase media pasó de ser el 14 al 35% de la población en ese mismo período.  Además, señala el informe, Ecuador es el país que más avances hizo en la reducción del índice gini de desigualdad. Lo mismo en Bolivia donde por ejemplo Evo Morales creó el programa “Renta Dignidad” que es una jubilación a quienes no hicieron aportes, financiado exclusivamente por la exportación de gas natural. Como dice el mismo Morales, “sin los recursos de las exportaciones, no hay políticas sociales”.

Sin embargo, este modelo extractivo utilizado en nombre del “desarrollo nacional” choca con los derechos y voluntades de los pueblos indígenas. Es más, frente a las protestas los gobiernos de Alan García o Santos no han diferido a Morales y Correa al criticar las protestas, intentar deslegitimizarlas y aún el uso de la fuerza priorizando el “interés nacional” sobre los voluntades de grupos aislados. Frente a una propuesta indígena en el 2011 Correa los acusó de terroristas y casi 200 de ellos tuvieron que responder frente a la justicia (Otra América, 2011). Morales también actuó con firmeza en las manifestaciones en TIPNIS, sin mayores diferencias que Alan García que acusaba a los manifestantes peruanos de “perros de hortelano” que no comen ni dejan comer (El Comercio, 2 de Marzo 2008). Según esta perspectiva, el derecho de estas comunidades se plantea como contrapuesto al interés de toda la nación.

Este es un debate necesario que no tiene una solución fácil. Las políticas sociales son fundamentales y las poblaciones indígenas tienen una voz que no puede ser desoída. La implementación de consultas populares podrían tener un rol más transparente para evitar caer en la legitimación del hecho consumado o los arreglos clientelares cortoplacistas.

El fracaso de la iniciativa Yasuni-ITT es una invitación a responder qué relaciones queremos y podemos tener con el mundo, qué modelo de desarrollo queremos y cómo pensamos utilizar nuestros recursos naturales y de qué manera nos proponemos proteger la vida y el porvenir de nuestros hijos. No podemos negar ni evitar que el desarrollo venga intrínsecamente ligado a la intervención del hombre en la naturaleza, así como los daños por el cambio climático y la degradación de nuestros espacios verdes está a la vista de todos y los derechos de las poblaciones indígenas son inalienables. Estas tensiones son posiblemente irreconciliables y sólo un debate que trascienda las superficialidades del “noble salvaje” y del “imperialismo”, que sea inclusivo, democrático e informado, podrá brindar espacios para buscar el mejor equilibrio dentro de lo posible.

Bibliografía:

- Bebbington and Bebbinton, After-What?, en Haarstad, Palgrave 2012.

- CEPAL,  Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 2013

- Haarstad, New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance, Palgrave, 2012

- Global Carbon Project, Carbon Reduction and Offsets, Number 6, 2008

- PNUD, Informe Desarrollo Humano Ecuador, 2013

- Otra América, Terroristas de la Pacha Mama, www.otramerica.com

*Esta columna fue publicada originalmente en Asuntos del Sur.org.