Cixin Liu es el novelista chino de ciencia ficción más premiado. Es además el autor de mayor éxito comercial dentro y fuera de China. Su principal obra, la saga conocida como Trilogía de los Tres Cuerpos, comienza sin embargo con el ajusticiamiento de un científico chino durante la Revolución Cultural. El mero relato de los hechos implica una crítica despiadada a ese proceso: no en vano el capítulo se titula Los Años de la Locura.
Pero claro, en parte por su asociación con la denominada Banda de los Cuatro, la Revolución Cultural es un pasaje de la historia contemporánea de China que se puede criticar públicamente sin padecer en respuesta la represión oficial. La paradoja es que la China de hoy ofrece experiencias que ponen en práctica algunas distopías que los autores de ficción especulativa sólo pudieron imaginar, pero que no podrían servirle a Cixin Liu como fuente de inspiración sin poner en riesgo su libertad.
Tal vez, por ejemplo, el lector conozca aquel episodio de la serie británica Black Mirror titulado Caída en Picada (Nosedive, en el inglés original). Este narra un futuro cercano en el que las redes sociales se convierten en un medio a través del cual las personas evalúan en forma recíproca su desempeño social durante la interacción cotidiana. Todos se ven precisados a fingir bonhomía dado que, a la vez, su vida social dependerá del puntaje que obtengan a través de ese proceso. Así, por ejemplo, no podrán acceder a determinadas oportunidades de vivienda si su puntaje promedio es inferior a un cierto umbral.
Pues bien, en China ese ya no es un cuento futurista de ciencia ficción. Según la agencia Bloomberg, en diversas regiones del país se está experimentando con un sistema de crédito social aún más ominoso que el descrito, porque quienes evalúan al ciudadano no son sus pares sino el Estado. Y aquellos ciudadanos cuya evaluación no cubre los requisitos establecidos por la burocracia oficial quedan impedidos de acceder a cosas tales como la compra de boletos aéreos, ven restringidas sus oportunidades de trabajo, o pierden el derecho a elegir el colegio al que habrán de enviar a sus hijos. El sistema aplica también a extranjeros, y puede llevar a que se les niegue una visa o se revoque su permiso de residencia.
Tal vez haya quien crea que ese es un precio razonable a pagar si a cambio se consigue una sociedad en la que todos respeten reglas mínimas de convivencia. Supongamos que usted no para mientes en el hecho de que tal creencia contradice los principios propios de una sociedad democrática, aun así habría dos problemas con ella. El primero es que se delega a los funcionarios de un régimen autoritario la prerrogativa de establecer cuáles deberían ser esas reglas. Según el diario The Guardian, por ejemplo, el Estado chino está llevando a cabo una traducción de la Biblia que habrá de establecer cuál es la “comprensión correcta” que los cristianos deben tener de su texto sagrado. El segundo es que, según la revista The Economist, los criterios para evaluar el crédito social de una persona no se restringen a normas de convivencia en las que pudiera haber un acuerdo mínimo: se incluyen tanto criterios políticos como de etnicidad.
Continuaré abordando este tema en mi siguiente columna.
