Ante el despropósito de Cristina Fernandez, la presidenta argentina de turno, de “expropiar” las acciones de YFP en poder de Repsol, algunos mandatarios de la región han corrido a marcar distancia cuando no a enmendarle la plana. Sin embargo, es lamentable que otros hayan guardado silencio, pues lo peor es que nosotros pagaremos las consecuencias.

El caso del presidente peruano, por su cercanía al presidente de Venezuela, y por ende, a sus camaradas de ideología en la región, exigía y sigue exigiendo de él un rotundo deslinde de posiciones y un claro y contundente rechazo a la actitud asumida por Argentina a través de su presidenta.

El presidente peruano, como cualquier otro presidente del mundo, no es más que un empleado de paso por el sector público y no puede en el ejercicio de sus funciones arrogarse atribuciones que perjudican a toda una nación y le pasan la factura a millones de ciudadanos durante décadas. ¿No aprendimos nada del 68?

Si Argentina deseaba cambiar las reglas del juego tenía en su Constitución y sus leyes las herramientas para intentar hacerlo y debió hacer uso de ellas antes de tomar una decisión de semejante naturaleza y consecuencias.

En el caso de quienes gobiernan países como el Perú, tienen la obligación de repudiar este tipo de hechos, mucho más allá de su opinión personal, pues es una obligación del mandatario velar por la imagen de la nación que gobierna.

En este sentido, Ollanta Humala ha perdido un valiosa oportunidad y al hacerlo ha mandado un nefasto mensaje, sin decir una sola palabra.

Debo manifestar que al repetir el eufemismo “expropiar” para referirse al robo, la prensa se convierte en cómplice de este tipo de personajes y contribuye a sembrar la confusión y a deteriorar los valores entre las comunidades que los acogen. Creo que es un deber fundamental llamar a las cosas por su nombre y reconocer que, cuando un asalto de esta naturaleza se consuma, sin importar cuál sea la vía utilizada para ello, no deja de ser lo que es. Un robo es un robo, con decreto o con pistola.