En el debate sobre cómo enfrentar el hacinamiento penal, existen dos importantes elementos que hay que balancear: no abusar de la cárcel como recurso punitivo, pero también reconocer que esta es necesaria en ciertas circunstancias. Veamos algunos hechos.

Primero, la cantidad de gente tras las rejas ha aumentado de manera vertiginosa en la última década: el 79% desde el 2006. En el 2015, había 352 reos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convierte en el tercer país de América Latina -después de El Salvador y Panamá- que más encarcela a su gente. Esto evidencia que estamos abusando del recurso penitenciario.

Segundo, enviar gente a prisión es caro y en muchos casos contraproducente. Cada privado de libertad le cuesta al fisco unos $1.000 al mes, el equivalente a una matrícula en un colegio privado exclusivo. Pero más que ser esta una inversión en seguridad, nuestras cárceles sirven cada vez más como escuelas del crimen, de donde individuos que no eran violentos salen convertidos en peligrosos delincuentes.

Esto nos lleva a un tercer punto: castigamos con prisión muchas transgresiones para las cuales podríamos aplicar penas alternativas -o no penalizar del todo-. Por ejemplo, aproximadamente un 15% de los privados de libertad sirven sentencias por delitos de drogas no violentos, como narcomenudeo o simple posesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le ha llamado la atención a Costa Rica por abusar de la prisión preventiva. La cárcel debería ser una medida de última instancia.

Pero tampoco podemos abrazar la tesis de que todos los privados de libertad son en realidad víctimas de la sociedad que merecen terceras o cuartas oportunidades. Hay mucho criminal violento (asesinos, ladrones, violadores, secuestradores) que debe estar tras las rejas. En algunos casos es posible la reinserción social. En otros, no.

Necesitamos un sistema penitenciario que brinde condiciones de vida aceptables a los reos, enfatice la adaptación social, genere recursos propios y que no sea un criadero de criminales violentos. En República Dominicana, parece haber una experiencia exitosa en ese sentido que merece ser estudiada -y de ser el caso, replicada.

Todo esto requiere una renovación en la infraestructura penitenciaria. Además, es posible que aun con este enfoque haya que aumentar la capacidad carcelaria instalada. Lamentablemente, en los últimos cinco años no se ha hecho nada al respecto. Eso también debe cambiar.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.