Hasta las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica, los partidos de base evangélica no habían obtenido un respaldo electoral significativo en América Latina. En el caso peruano, por ejemplo, el pastor Humberto Lay fue candidato a la presidencia en 2006 por el partido Restauración Nacional (conformado en lo esencial por personas que pertenecían a iglesias evangélicas) y pese a que la proporción de la población nacional de confesión evangélica se estimaba en alrededor de un 12%, Lay obtuvo 4,38% de los votos. Es decir, no consiguió el voto de la mayoría de los ciudadanos de confesión evangélica (precisamente porque no hay una sino múltiples iglesias de esa orientación, las cuales mantienen posiciones diferentes en temas como, por ejemplo, la conveniencia de participar activamente en política).
A su vez, cuando candidatos provenientes de iglesias evangélicas obtuvieron victorias electorales (como en el caso de Jimmy Morales en Guatemala), lo hicieron como candidatos de partidos sin base confesional (Morales candidateó por el Frente de Convergencia Nacional, fundado sin su participación en 2008) y no hicieron de su agenda moral (centrada en la oposición al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo que denominan “ideología de género”), la base de su campaña. En el caso de Morales, por ejemplo, el tema fundamental fue el de la lucha contra la corrupción (comprensible considerando que el presidente que lo precedió había sido destituido y enjuiciado bajo ese cargo).
Ese contexto es el que hace inusual el desempeño electoral de Fabricio Alvarado como candidato a la presidencia de Costa Rica por el partido de base confesional Restauración Nacional, haciendo de los temas antes mencionados una parte fundamental de su agenda política. Alvarado fue el candidato más votado en primera vuelta con un 24,91% de los votos y obtuvo un 39,21% de los votos en segunda vuelta. Es decir, obtuvo una proporción del voto popular muy superior a la proporción que los ciudadanos de confesión evangélica representan dentro de la población costarricense.
Parte de ese respaldo parece explicarse por el desencanto con la clase política tradicional como demuestra el hecho de que, en 2018, por primera vez en décadas los dos partidos que, en conjunto, solían obtener más del 90% de los votos (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana), ni siquiera estuvieron presentes en la segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora bien, ¿por qué el desencanto fue capitalizado sobre todo por la candidatura de Fabricio Álvarez y no por alguna otra? Parte de la explicación sería que el Partido Acción Ciudadana, que en 2014 representó el cambio y la renovación política, era ahora el partido oficial con una gestión deslucida a cuestas y aliado en segunda vuelta de la política tradicional (en un intento por contener la emergencia disruptiva del fundamentalismo religioso).
No obstante, la razón principal del desempeño electoral de Fabricio Alvarado no constituye mayor misterio. En vísperas de la primera vuelta y a solicitud del propio gobierno costarricense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, al cual según las encuestas se opone la mayoría de los costarricenses. Si bien ello hizo de ese un tema importante de campaña, lo excepcional de las circunstancias sugiere que no necesariamente estaría por revertirse la tendencia descrita al inicio de este artículo.
