La expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF en manos de la española Repsol es un hecho político que sobrepasa la discusión sobre política energética y nos plantea un debate más profundo ligado al rol del Estado en la sociedad y la manera en cómo se gestiona el mismo.

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha sido, desde su nacimiento, eje central del modelo de Estado y sociedad en Argentina. Fundada en la década del 20, YPF se convirtió en la primera empresa estatal del mundo y en una pieza fundamental de la consolidación del Estado moderno en Argentina. En ese momento, la discusión era de cómo el Estado empezaba a ser parte del desarrollo nacional frente al modelo liberal de la generación del 1880. Así, YPF venía a ser parte de un proceso de transformación de un país que se complejizaba, se industrializaba y debía integrar su territorio y su sociedad. No fue casual que su centro de operaciones se localizara en Comodoro Rivadavia, que se transformaría en la punta de lanza para la ocupación de la lejana y despoblada Patagonia.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, YPF fue parte de los vaivenes sobre las contradicciones del modelo de sustitución de importaciones y las propuestas del desarrollismo. La discusión sobre si se debía abrir a capitales extranjeros,  privatizarla o dejarla como estaba, fue tan intensa que la política petrolera significó la excusa para la caída de los presidentes Perón (1955), Frondizi (1962) e Illia (1966).

YPF y el modelo neoliberal. Ya sin golpes militares, la transformación de YPF fue parte de la implementación del modelo neoliberal en la década de los 90. En este momento histórico se culmina -con sus marchas y contramarchas- el proceso comenzado por la dictadura militar de los años 70 en donde se intentaba eliminar las “interferencias” del Estado en la economía. Frente a la concepción fordista de posguerra, en donde el rol central del Estado era la de generación de empleo y servicios sociales, ahora se imponía una visión en la que la eficiencia y la rentabilidad eran los nueves ejes del modelo y el Estado debía subsumirse a las necesidades de la economía y por ello reducirse a un rol de regulador y retirarse del sector empresarial. El propio Estado debía manejarse como una empresa y los burócratas debían pasar a ser “gerentes” -de allí viene el nombre de Nueva Gerencia Pública como paradigma de administración del Estado– con mediciones de desempeño similares a las del sector privado.

En este contexto, es que en 1989 YPF es transformada en Sociedad Anónima y paulatinamente se van vendiendo las acciones del Estado argentino a la empresa española Repsol culminando en 1999 con la entrega de la Acción de Oro. En ese momento Argentina era el “poster child” del neoliberalismo y un ejemplo a seguir por los demás países en desarrollo, según vociferaban los organismos multilaterales.

Nuevo cambio de paradigma. Tras la gran crisis económico-político-social del año 2001, el neoliberalismo ha ido perdiendo su batalla ideológica y política en Argentina. Algo similar sucede en el mundo, sobre todo desde la crisis del 2008, respecto de la que existe un consenso generalizado en que fue resultado de la excesiva desregulación del capital financiero.

Desde el lenguaje y en menor medida en la praxis política, bajo las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el Estado ha sido colocado nuevamente en el centro de escena siendo una pieza clave en el desarrollo del país. Es así como la expropiación de YPF debe ser entendida en un marco en donde se ha producido una nueva ola de crecimiento de la participación estatal ya sea en empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fábrica Militar de Aviones o en la reestatización de servicios como los fondos de pensión.

Lo novedoso que plantea el caso de YPF y que nos hace pensar en un posible nuevo paradigma -al menos desde lo discursivo– es que por primera vez el mensaje oficial pone entre las máximas prioridades la eficiencia y la profesionalización del manejo de los intereses nacionales. Esto conceptualmente lo diferencia del fordismo en el que la eficiencia y el profesionalismo eran secundarios y del neoliberalismo que ve una tensión entre los intereses de la política y la asepsia de la técnica. La propia presidenta mencionó en su discurso de promulgación de la ley de expropiación que no es “incompatible la eficiencia con la patria” y que la empresa será “profesional, pero bajo dirección política”. Esto es auspicioso ya que la discusión del “buen gobierno” de las empresas estatales, o de control estatal, y del propio Estado, no habían ocupado hasta ahora un lugar central en la agenda política argentina; algo sorprendentedado el lugar estratégico que representan.

Ahora bien, esto es en el campo gramatical ya que en la práctica está por verse este cambio de paradigma. La clase política argentina tiene una tradición de escasa profesionalización, algo que es evidente al momento de realizar comparaciones con otros países vecinos. Desgraciadamente, este punto ha distado de ser prioritario de la agenda política.  Una de las principales críticas que se le hizo en la campaña presidencial a Sarkozy en Francia era que había plagado el Estado de sus allegados, práctica naturalizada en la política argentina. La designación de familiares, amigos, compañeros de militancia y el uso de los bienes del Estado para fines partidarios son prácticas cotidianas de las que no escapa el actual gobierno.

El desafío que se plantea es grande. A diferencia del siglo 20, el objetivo hoy ya no es crear empleo o penetrar territorialmente. Tampoco es como nos plantean los neoliberales de acompañar al mercado, sino que el contexto se ha demostrado mucho más complejo. La Argentina del 2012 tiene necesidades más complejas. En el campo energético vemos que existen tensiones entre las necesidades de lograr que la población tenga la posibilidad de consumir energía a un costo razonable;  por el otro que exista suficiente abundancia para acompañar un proceso reindustralizador del país; y por último, aunque no menos importante, que vaya en dirección a disminuir el impacto medioambiental. Por si no fuera poco, las perspectivas de explotación de energías fósiles que posee Argentina -petróleo y gas shale- requieren un capital y un expertisse inexistentes en el país.

Parafraseando a Gramsci, estamos frente a algo que no termina de morir y algo que no empieza a nacer y por ello el desenlace se encuentra abierto. Sin embargo, ya podemos adelantar con certeza que si no se hace un cambio radical y se implementan en la práctica las promesas de profesionalización de la gestión de la empresa –y se hace extensivo al Estado- no habrá salida de la crisis energética y nos ahogaremos como país en la mediocridad; quedando como único consuelo las declamaciones nacionalistas vacías de contenido.

*Esta columna fue publicada en el centro de estudios públicos Asuntos del Sur.