El gobierno de Ecuador dijo este martes que está proponiendo reformas legales para atraer una mayor inversión privada al país, que incluirán exoneraciones e incentivos tributarios para los inversores, en un intento por generar mayor empleo y reducir la informalidad.

Ecuador tiene un portafolio de proyectos en varios sectores que requieren inversiones por cerca de US$ 30.000 millones que, según el gobierno, podrán concretarse con recursos del sector privado, especialmente en sectores estratégicos.

Las reformas serán remitidas a la Asamblea Nacional la tarde de este martes y tendrán el carácter de urgente, lo que implica que los legisladores tienen un plazo de 30 días para su aprobación.

"Estamos inaugurando un nuevo marco regulatorio para establecer un mejor desempeño de las inversiones públicas con la participación del sector privado", dijo el secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas, Roberto Salas, a periodistas.

"Todo esto tiene una razón principal que es la generación del empleo a través de la inversión", añadió.

El presidente Guillermo Lasso, un exbanquero conservador, ha reconocido que los efectos de la pandemia del coronavirus provocó un aumento en la tasa de desempleo e informalidad laboral. Durante su campaña ofreció la creación de 2 millones de empleos hasta finales de su mandato en el 2025.

La propuestas apuntan a potenciar la generación de asociaciones público-privadas para facilitar obras de infraestructura en el país, reformas del mercado de valores y el impulso de zonas francas en diferentes áreas, incluyendo salud.

Con las reformas, el mercado de valores podría convertirse en una nueva fuente para financiar los proyectos y las zonas francas serán un atractivo para capitales privados en el área de logística, industria y servicios y así generar proceso productivos y de exportación.

Los inversores tendrán exoneración en el pago de impuestos para materias primas y aranceles, según el gobierno.

Lasso no tiene una mayoría en la Asamblea de 137 miembros, por lo que el gobierno aseguró que mantendrá abierto el diálogo para garantizar la aprobación de su proyecto. Los legisladores negaron el año pasado una propuesta del mandatario, que incluía cambios en materia tributaria, laboral e inversiones, por lo que el gobierno decidió enviar las reformas por separado.