Caracas. Un comité que representa a inversores en deuda venezolana pidió este martes al líder de la oposición y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que comprometa un marco para la renegociación de la deuda con los acreedores y que respete sus derechos en el futuro.

Un futuro gobierno liderado por la oposición debe "proporcionar información oportuna y transparente" a los acreedores, dijo el comité en un comunicado, en el que agregó que un decreto de Estados Unidos que "socava negociaciones de buena fe" no sería beneficioso en el largo plazo para Venezuela.

El comité dijo que se oponía a las solicitudes de una orden ejecutiva de Estados Unidos que evitaría la incautación de activos por parte de los inversores y que no estaba de acuerdo con una propuesta para otorgar un tratamiento diferente a las deudas de Rusia y China.

Sin embargo, la declaración aclaró que la reestructuración no comenzaría hasta el final de la "crisis humanitaria", en referencia hiperinflación generada en la gestión del presidente Nicolas Maduro, que ha incrementado la desnutrición y las enfermedades.

La declaración del comité de acreedores aclaró que la reestructuración no comenzaría hasta el final de la "crisis humanitaria", en referencia hiperinflación generada en la gestión del presidente Nicolas Maduro en el país sudamericano.

"Un nuevo gobierno debe trabajar con las partes acreedoras, como el Comité, para acordar el diseño del proceso de reestructuración y negociar los términos financieros y otros términos de la reestructuración", indicó el comunicado.

En enero, Guaido citó artículos de la Constitución para asumir la presidencia interina del país después alegando que la elección de Maduro en 2018 fue fraudulenta y ha recibido el respaldo de más de 50 países, incluyendo Estados Unidos.

El gobierno de Maduro, que continúa ejerciendo su poder gracias a la lealtad de los militares, no ha pagado a los acreedores unos US$11.400 millones en capital e intereses desde 2017, según los acreedores.

José Ignacio Hernández, representante legal en el extranjero de Guaido, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El comité se opuso a las solicitudes de Guaido y sus aliados para una orden ejecutiva de la Casa Blanca que impediría que los acreedores se apoderen de la refinería estadounidense Citgo, que es propiedad de la petrolera estatal PDVSA.

"Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de EE.UU. que socava las negociaciones de buena fe no favorecerá los intereses a largo plazo de Venezuela o sus partes interesadas", señala el comunicado.