Brasilia. Brasil es el país que más gasta con previsión social, en términos relativos, en la región de América Latina y el Caribe, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgado este martes, que apunta que el país desembolsa siete veces más con la población mayor que con los más jóvenes.

En el marco de la reforma agraria, los gastos de jubilación y salud de las personas de edad avanzada pasan a responder por el 138% del presupuesto brasileño en 2065, frente al nivel ya alto del 40% en 2015, apuntó el BID, subrayando que ese salto inviabilizaba el equilibrio fiscal.

En el promedio de América Latina y el Caribe, ese nivel era del 35% en 2015, con proyección de llegar al 78% en 2065.

"Este escenario implicará una reducción de los recursos para otras prioridades, como el desarrollo de capital humano e infraestructura, elementos esenciales para sostener el crecimiento económico a lo largo del tiempo", dijo el BID, sobre la acentuada presión previsional sobre las cuentas brasileñas.

El secretario Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Marcos Troyjo, afirmó que la reforma de pensiones es la "reforma de todas las reformas", y que Brasil será otro después de su aprobación.

Los gastos de jubilación en Brasil alcanzaron en el 2015 al 12,5% del PIB - nivel más alto de la región- y el BID estima que podrían alcanzar el 50,1% del PIB en 2065, también en gran frente con los vecinos de la región Latinoamericana.

En el evento de divulgación del estudio, el secretario Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Marcos Troyjo, afirmó que la reforma de pensiones es la "reforma de todas las reformas", y que Brasil será otro después de su aprobación.

También afirmó que la reflexión sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto público tiene una importancia central en la agenda del gobierno de Jair Bolsonaro.

"Liberales no aumentan impuestos. Por lo tanto, tenemos que aumentar la eficiencia en una forma de mejora del bienestar social", dijo.

Residuos. En las cuentas del BID, el costo de la ineficiencia en la gestión de compras gubernamentales, así como una "considerable" nómina en el sector público y transferencias que no llegan a la población más pobre como debían, resultan en pérdidas del 3,9% del PIB por año, o cerca de US$68.000 millones para Brasil.

Además de la reforma de pensiones, el BID divulgó entre sus recomendaciones de políticas la adopción de reglas fiscales que van más allá de la sostenibilidad fiscal para la protección de inversiones, con fijación de límites específicos de aumento de los gastos corrientes para que el gobierno asegure la asignación de recursos para gastos de capital.

Entre otras medidas que pueden ser tomadas, el BID también citó licitaciones más competitivas y eficientes, con el mínimo posible del uso de excepciones, la reducción de las diferencias salariales para funcionarios del sector público en relación a los del sector privado, y mejora de la recaudación propia de los gobiernos regional.