Río de Janeiro. Brasil recuperó este año cerca de 700 millones de reales (US$180 millones) en acuerdos de lenidad con empresas que habían practicado actos ilícitos, cifra que supera los 500 millones de reales (unos US$130 millones) obtenidos en todo 2018, informaron fuentes oficiales.

El abogado general de la Unión, André Mendonça, aseguró que la experiencia brasileña en la utilización de acuerdos de lenidad con empresas investigados en la Operación Lava Jato, la gran red corrupta alrededor de la petrolera estatal Petrobras, tuvo un retorno mayor que acciones judiciales para recuperar los activos que habían sido desviados, según informó la estatal Agencia Brasil.

"En el caso de (la constructora Odebrecht), la empresa delató cerca de 170 otras compañías y 150 agentes públicos que recibieron sobornos. Entre el pago de multas, de los beneficios y la devolución integral de los sobornos pagados, tuvimos en esta situación indicadores superiores al 70% de la recuperación de activos", comentó en alusión a la gran delación de la mayor constructora de América Latina.

En los acuerdos de lenidad, las empresas reconocen haber cometido actos ilícitos y a cambio de pagar una multa y denunciar las irregularidades cometidas, así como las personas involucradas, puede volver a participar en licitaciones públicas.

"En el caso de Odebrecht, delató cerca de 170 otras compañías y 150 agentes públicos que recibieron sobornos. Entre el pago de multas, beneficios y devolución de los sobornos, tuvimos indicadores superiores al 70% de la recuperación de activos", comentó Mendonça.

Según el abogado general de Brasil, instrumentos administrativos como acuerdos de lenidad son más eficientes para luchar contra la corrupción e impedir nuevos desvíos.

"Creo que no es la esfera criminal el mejor camino para obtener el dinero desviado. Si un proceso judicial civil lleva diez años en Brasil, mucho más tiempo lleva un criminal, y con muchas más restricciones a la persecución de las sanciones en función de los derechos y garantías de los acusados", comentó.

Según él, "un proceso de responsabilización administrativa en Brasil, de una compañía o de un caso de esta naturaleza, lleva de seis meses a un año", agregó.

Mendonça participó este jueves en la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradorías del Estado (Alap) en Lima. El grupo lo forman diez países: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.