Bogotá. La Corte Constitucional de Colombia derogó este miércoles una reforma fiscal que entró a regir en enero, pero mantuvo su vigencia hasta finales de 2019 en un fallo que deja sin efectos la norma en los próximos años y obliga al Gobierno a buscar millonarios recursos para cumplir sus metas fiscales.

El alto tribunal, por seis votos contra tres, tomó la decisión que podría afectar la inversión en la cuarta economía de América Latina argumentado fallas en el trámite de la denominada ley de financiamiento aprobada en diciembre de 2018, que redujo la carga impositiva al sector empresarial.

De acuerdo con el fallo, la reforma fiscal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, con lo que el Gobierno tendrá que presentar una nueva para buscar ingresos adicionales en los próximos años y mantener los beneficios tributarios.

"La declaratoria de inexequibilidad (...) surtirá efectos a partir del primero 1 de enero de dos mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la ley", precisó un comunicado de la Corte Constitucional.

El tribunal explicó que en caso de que para el 31 de diciembre no se hubiere promulgado y publicado una nueva ley, entrarán a regir el 1 de enero de 2020 las normas derogadas o modificadas por la reforma fiscal.

Duque anunció que dio instrucciones al Ministerio de Hacienda para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la norma derogada.

Con la ley anulada, una de las más importantes para el Gobierno del presidente Iván Duque, Colombia recaudará en 2019 unos 7,8 billones de pesos (US$2.260 millones) debido a que el tribunal decidió mantener su vigencia solo por este año para mitigar los efectos negativos del fallo sobre la economía.

Gobierno presentará nuevo proyecto de ley. La decisión es un nuevo golpe a la gobernabilidad de Duque, quien desde que asumió el poder en agosto de 2018 ha enfrentado una fuerte resistencia en el Congreso para la aprobación de sus proyectos económicos, poniendo en riesgo los esfuerzos para disminuir la deuda, estimular el crecimiento y evitar una reducción en las calificaciones crediticias del país.

El mandatario no cuenta con una sólida coalición en el legislativo para aprobar sus iniciativas.

Inmediatamente el Gobierno no suministró un cálculo sobre el impacto fiscal de la decisión de la corte.

Pero Duque anunció que dio instrucciones al Ministerio de Hacienda para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la norma derogada.

"A los empresarios, a los emprendedores, a la comunidad internacional y a todos los que han visto un camino claro en esta Ley de Financiamiento, les aseguramos, que junto con el Congreso, procederemos con sentido de urgencia y patriotismo, pensando en la seguridad jurídica y seguir haciendo de Colombia un lugar atractivo para el desarrollo empresarial", dijo el mandatario en una declaración.

La ley anulada aumentaba impuestos a las personas de altos ingresos, contemplaba una sobretasa al impuesto de renta a los bancos, otorgaba descuentos y menores tarifas tributarias para los empresarios.

También reducía el gravamen a los inversores extranjeros en deuda pública interna del 14% al 5% e incluía medidas para combatir la evasión.

La economía de Colombia se encuentra en una fase de recuperación que la llevaría a expandirse un 3,6% este año según las metas del Gobierno, superior al 2,6% que alcanzó en 2018.