San José. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este lunes una reforma fiscal impulsada por el gobierno del presidente Carlos Alvarado que aumenta impuestos y con la que se pretende frenar el deterioro de las finanzas públicas.

Además de elevar impuestos, la reforma limita el gasto público, con lo que se busca recaudar el equivalente a el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$660 millones, durante el primer año de aplicación para lidiar con la abultada deuda pública, cercana al 54% del PIB.

"Esta es una reforma tributaria tardía para el país, pero ahora la situación es insostenible con el crecimiento de la deuda", dijo este lunes a Reuters la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, antes de la aprobación de la reforma.

"Esta reforma lo primero que genera es confianza en el país y eso no se puede cuantificar en miles de dólares, pero permite que se vuelvan a tomar decisiones de inversión", subrayó.

La reforma fiscal modifica el impuesto de ventas del 13% a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la misma tasa, pero aumenta la cantidad de productos y servicios gravados.

Además, incluye ajustes en el impuesto sobre la renta y la disminución de beneficios salariales a los trabajadores públicos.

Las autoridades señalan que la reforma es sólo la primera puerta de un proceso de estabilización fiscal para evitar trastornos que afecten el ritmo de la economía, que se prevé crezca un 3,2% en el 2018.

A finales de noviembre, el máximo tribunal de Costa Rica validó la reforma fiscal, allanando el camino para su aprobación final, luego de que fue aprobada por el Congreso a inicios de octubre pero impugnada por algunos diputados.

La reforma fiscal enfrenta aún la oposición de sectores populares y mantiene en huelga a casi la mitad de los educadores del sector público, según el Ministerio de Educación.