San José. El Gobierno de Costa Rica presentó este lunes una serie de medidas para reducir su abultada deuda pública, que incluyen la venta de activos e imponer límites a los sueldos de funcionarios, después de que la calificadora Moody's redujo su nota de riesgo crediticio para la nación centroamericana.

Las acciones pretender bajar la deuda del país a un nivel equivalente al 47% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2024, desde el 58,5% actual, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al presentar el proyecto ante el Congreso, dominado por la oposición.

El paquete contempla destinar al pago de la deuda pública el dinero de los superávits de las instituciones públicas, vender el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA, una entidad financiera de capital costarricense que opera en Panamá) y concesionar o vender la fábrica estatal de licores.

El Gobierno anunció también reformas en exenciones fiscales y una nueva ley para limitar el crecimiento de salarios de los empleados públicos, la cual generaría ahorros equivalentes a US$630 millones anuales, a pesar de la oposición manifiesta de sindicatos de trabajadores estatales.

Las dificultades financieras de Costa Rica coinciden con una tasa de desempleo que alcanza al 12% de la población y una economía que creció un 2,1% el año pasado. Chaves explicó que, de no tomarse medidas, la deuda pública de Costa Rica cruzaría este año el umbral del 60% del PIB.

Moody's rebajó el lunes a "B2" desde "B1", con perspectiva negativa, la calificación de riesgo crediticio de Costa Rica destacando su alto déficit fiscal. Se trata de la cuarta baja de nota de la agencia calificadora al país desde octubre del 2018.