El impuesto a la salida de divisas (ISD), que se cobra a las transferencias realizadas desde Ecuador a otros países, ha sido duramente criticado por los exportadores que dicen que eleva sus costos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este martes que el Gobierno reducirá paulatinamente desde enero un impuesto que grava a la salida de divisas, argumentando que su efecto ha sido negativo para atraer inversiones al país andino.

Lasso, un exbanquero conservador en el cargo desde mayo, está implementando varios incentivos para despertar el interés de inversores en varias áreas clave, en un intento por generar fuentes de empleo y dinamizar la economía, golpeada fuertemente por la pandemia del coronavirus.

El impuesto a la salida de divisas (ISD), que se cobra a las transferencias realizadas desde el Ecuador a otros países, ha sido duramente criticado por los exportadores que dicen que eleva sus costos.

El impuesto del 5% se reducirá en un punto porcentual el próximo año, dijo Lasso en una entrevista transmitida en sus redes sociales.

"Vamos a bajar el Impuesto a la Salida de Divisas en un punto en el año 2022, a razón de 0,25 puntos por trimestre y eso comienza el 1 de enero", explicó Lasso.

"Es un impuesto al ingreso de capitales que le ha hecho mucho daño al Ecuador", agregó el mandatario. "Por razones fiscales no lo podemos eliminar de un sólo golpe, tenemos que hacerlo de una manera gradual para no impactar las finanzas públicas".

En el 2020, la recaudación del impuesto significó ingresos por cerca de US$ 1.000 millones, según datos del gobierno.

Lasso dijo además que está trabajando por bajar un abultado déficit fiscal que en este año cerraría en unos US$ 4.000 millones y para el 2022 se proyecta en US$ 2.600 millones.

"Gradualmente iremos bajando impuestos en la media en que la situación económica del país lo permita", añadió.

Lasso ordenó en noviembre la implementación de una controvertida reforma tributaria, luego de que los legisladores no lograran bloquear o aprobar el proyecto de ley.

La reforma recaudará unos US$ 1.900 millones adicionales en impuestos durante sus primeros dos años, en parte aumentando las contribuciones fiscales de las empresas más grandes y reduciendo la cantidad de deducciones que pueden reclamar aquellos que ganan más de US$ 2.000 por mes.