El Producto Interior Bruto (PIB) de Perú crecerá un 8,5% en 2021, tras una caída histórica del 11,4% en 2020 por el impacto sanitario y económico de la pandemia de Covid-19, en el caso de que la segunda ola de la epidemia se controle hacia finales de marzo, cuando las restricciones podrían volver a flexibilizarse gradualmente en el segundo trimestre y la actividad económica podría recobrar dinamismo, impulsado por la demanda interna, según un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en el marco del Artículo IV sobre el país andino.

En este sentido, el FMI ha señalado que los niveles de actividad previos a la pandemia no se recuperarán hasta 2022. En concreto, las previsiones para 2022 y 2023 apuntan a una expansión del 5,3% y del 4,8%, respectivamente.

Pese a esta panorama, la institución ha destacado los "amplios amortiguadores" del país para mitigar los riesgos asociados al brote vírico. Entre ellos destacan un alto nivel de reservas internacionales (más del 37% del PIB), una deuda pública baja, el acceso a la Línea de Crédito Flexible de dos años acordada con el FMI y otras fuentes de financiamiento, además de un sector financiero sólido.

En su análisis, el Fondo ha recomendado el uso de políticas macroeconómicas de apoyo y del amplio espacio fiscal disponible del país. Así, las reformas estructurales que lleve a cabo la Administración de Francisco Sagasti deberán enfocarse en las debilidades que ha expuesto la pandemia, con énfasis en políticas que aumenten la productividad, mejoren la gestión de gobierno y fortalezcan la red de seguridad social.

Por otra parte, el FMI ha destacado las fragilidades estructurales expuestas tras la pandemia. Entre otras, ha subrayado las debilidades en el sector de salud, que contribuyeron a una alta letalidad del virus, la pobreza, la baja inclusión financiera, el alto grado de informalidad, el bajo índice de digitalización, la capacidad limitada de teletrabajo y la inestabilidad política.

Entre sus recomendaciones, la institución con sede en Washington incluye el aumento de la productividad facilitando la redistribución de la mano de obra y mejorando el clima de negocios, en línea con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad lanzado en 2019. Con respecto a la nueva ley de promoción agrícola, ha indicado que si bien sus reglamentos eliminan gradualmente los incentivos fiscales para crear igualdad de condiciones, deben preservar la flexibilidad de los contratos de trabajo, que ha sido un elemento fundamental del éxito del sector agroexportador.

El FMI también ha aconsejado aumentar la protección social al tiempo que se reducen los incentivos a la informalidad creados por el sistema de beneficios tributarios; y el refuerzo de la gestión del Gobierno, mediante una mayor transparencia en el sector pública y la aplicación de políticas anticorrupción.