Bogotá.- El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que fija las reglas para vender la participación en empresas en las que la Nación es accionista minoritario. Según un Conpes del año pasado, gran parte de esas compañías no han dejado retornos positivos.

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que fijaría algunas reglas para que la Nación venda su parte en empresas en las que es accionista minoritario.

El objetivo de esta norma sería conseguir recursos, saliendo de activos que no son estratégicos para las finanzas públicas.

El borrador se encuentra publicado en la página web del Ministerio y aplicaría para vender participación en compañías en las que la Nación no tiene más del 49 % de las acciones, según lo ya previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Eso significaría un cambio respecto a la normatividad actual, que fija ese límite en 10 %.

Según el Conpes 3927 de 2018, el Gobierno tiene en su portafolio 109 empresas y participaciones accionarias directas a través de varios ministerios y departamentos administrativos. En 70 de ellas, el Estado tiene una participación accionaria inferior al 50%, que representa menos del 4% del valor del portafolio.

En un documento del Ministerio de Hacienda, de 2017 (el más actualizado no ha sido publicado), es posible ver que en el listado de participaciones minoritarias hay empresas de diversos sectores: desde canales regionales, pasando por fondos ganaderos y frigoríficos, centrales de abastos, centros de diganóstico automotor, terminales de transporte y hasta hoteles, entre otros.

De acuerdo con el mencionado documento Conpes, más de 30 de las participaciones minoritarias (muchas de las cuales fueron el resultado de liquidaciones de otras entidades) no han dejado retornos satisfactorios: su rentabilidad promedio entre 2011 y 2016 fue menor que la inflación promedio durante el mismo periodo.

Y agrega: “mantener empresas y participaciones no estratégicas tiene un costo de oportunidad, pues los recursos públicos invertidos en dichos activos podrían ser destinados a fines con un mayor retorno económico y social”.

En sus anexos, el borrador de decreto precisamente menciona ese Conpes como uno de los antecedentes para cambiar la regulación.

En el proyecto de norma hay otras condiciones, como que la participación estatal en cuestión no haya sido consecuencia de la “voluntad expresa” (como en el caso de una liquidación) de la entidad pública que la posee o que haya sido consecuencia de una dación en pago.

Asimismo, contempla el escenario de que las acciones por vender estén inscritas en bolsa o no. También, detalla los procedimientos para realizar la venta de forma directa o a través del Colector de Activos Públicos.

Este proyecto de decreto sale a la luz en un contexto en el que el Gobierno ha manifestado su intención de vender activos para conseguir entre 15 (US$788.562 millones) y 20 billones de pesos (US$1.051 billones) , aunque “sin afán”, en palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

En el sonajero han estado la participación en ISA, en la que la Nación tiene el 51 % (es decir, el borrador de decreto ahora en discusión no aplicaría), así como la parte que el Gobierno todavía podría vender de Ecopetrol.