La cifra es decisiva: 418.000 ecuatorianos, el equivalente al 9,1% de la PEA con capacidad y ganas de formar parte activa del mercado laboral, se encuentran en paro forzoso, mientras que en septiembre de 2007 (comienza la nueva metodología de cálculo) los niveles de desocupación se encontraban en el 7,1% de la PEA.
Frente a la ausencia de un seguro de cesantía (como el vigente en varios países desarrollados), el gran grueso de desempleados buscar una fuente de ingresos inmediata y, por ello, en lugar de engrosar las estadísticas de desempleo, pasan a nutrir las filas del subempleo ecuatorianos no tiene otra opción que que ya alcanzan al 51,3% de la PEA.
Además de perder importantes recursos económicos por no potencializar su contingente humano, un país con altas tasas de desempleo y subempleo se sumerge en un ambiente de fuerte inseguridad e inconformidad social.
Detrás de estas frías estadísticas está una cruda realidad de millones de hogares que afrontan diariamente serias dificultades para cuidar, alimentar y educar a sus hijos. Una de las causas para este revés laboral es la Gran Recesión con el desplome de los flujos de crédito y la contracción de las exportaciones manufactureras. Sin embargo, las estadísticas de balanza de pagos no muestran una incidencia directa de la crisis. Las exportaciones no petroleras sufrieron un leve estancamiento, la caída del precio del petróleo, aunque pronunciada, fue breve y los pocos flujos de inversión extranjera continuaron en stand by. No obstante, la dificultad visible para emigrar en busca de “mejores oportunidades”, a países como España, Italia o EE.UU., sí es un factor exógeno que cierra esta tradicional válvula de escape y presiona la oferta laboral local. Según el Departamento de Estadísticas Laborales estadounidense, la tasa de desempleo entre los hispanos llega al 12,4% a junio del 2010, muy por encima del promedio general en Estados Unidos que es el 9,5%.
Si la contracción económica mundial no contribuyó notablemente al declive del mercado laboral doméstico, debe hallarse la explicación en el estancamiento productivo interno pues existe una estrecha
relación entre la evolución del PIB y la tasa de desempleo. Según el FMI, el Ecuador decreció en 2009 y mantendrá una expansión
mediocre este año, lo cual provocará que el desempleo se eleve a los dos dígitos. Las acciones son apremiantes, pues la recuperación del mercado de trabajo siempre presenta un rezago frente a la reactivación económica y en 2011 recién el país empezará a salir
de la parálisis económica en la que está sumergido.
Entre las soluciones a corto plazo para reducir la tasa de desocupación y generar plazas de trabajo temporales está la adopción de una política contra-cíclica vía aumento del gasto público. Carreteras, escuelas, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, aeropuertos son obras de infraestructura que demandan de insumos locales y gran cantidad de mano de obra medianamente calificada para su logro. Sin embargo, en el caso ecuatoriano los resultados visibles de este estímulo fiscal son inciertos. Primero, la consecución de estas obras está estrechamente vinculada a la capacidad financiera y de gestión institucional del gobierno para formular, aprobar y ejecutar eficientemente los proyectos de inversión de una forma continua, rápida y transparente. Segundo, las plazas de trabajo creadas desde el sector público son temporales e inequitativas. La enorme maquinaria burocrática contratada para emprender los proyectos públicos beneficia directamente a la clase media y alta de Quito. No es casualidad que la tasa de desocupación en la capital del 7,1% sea inferior al promedio nacional y sustancialmente más baja que la registrada en Guayaquil, donde niveles de desempleo llegan a cifras alarmantes (12,3%). Tercero, depender mayoritariamente de la maquinaria estatal para dinamizar el mercado laboral -como sucede hoy en día en Ecuador- es
contraproducente cuando las fuentes de financiamiento dependen de un recurso tan volátil como el petróleo.
Es meritorio detrás de toda lógica social, alcanzar un salario digno -estimado por el gobierno en US$335 mensuales capaz de cubrir, trabajando por lo menos dos miembros de la familia, el costo de
la canasta familiar básica que se halla en los US$538 mensuales. También es loable, buscar la estabilidad económica de los trabajadores sustituyendo sus tareas eventuales o tercerizadas por trabajos a tiempo completos y estables. Pero no hay que olvidar el papel crucial que tiene el sector privado al momento de crear empleos formales con beneficios legales, salarios justos y amparados bajo el paraguas de la seguridad social.
