Río de Janeiro. Las dificultades que tiene la economía brasileña para dejar atrás la peor crisis de su historia (entre 2015 y 2016, su Producto Interior Bruto se contrajo más de 7 puntos) podrían acabarse si el país logra realizar una serie de importantes reformas estructurales y económicas, según coincidieron varios especialistas.

La reforma de la Seguridad Social -considerada clave para sanear las maltrechas cuentas públicas-, la del mercado del crédito, mejorar el ambiente de negocios, más seguridad jurídica, una mayor abertura comercial, más privatizaciones, políticas sociales y educación son promesas habituales en campaña electoral que posteriormente, por varias cuestiones, no logran ser implementadas.

"Reformar significa muchas veces acabar con los privilegios de algunos grupos, que obviamente resisten. Los costes se concentran en pocas personas, y los beneficios son difusos. Los perjudicados se organizan y resisten, mientras que los beneficiarios muchas veces no quieren saber lo que ganan con aquella medida", comentó a Xinhua Rodrigo Prando, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McKenzie.

Para Prando, "las reformas también provocan cierta incertidumbre, porque aunque todo el mundo sabe que sirven para mejorar el país futuramente, cada persona tiene la incertidumbre de saber cuál será su situación particular después de la reforma. Además, los efectos de las reformas suelen tardar en aparecer, lo que genera una sensación de que no se ha hecho nada", comentó.

Por su parte, Jairo Pimentel, analista político de la Fundación Getulio  Vargas (FGV) aseguró que "es más fácil aplicar reformas importantes en países pequeños, lo que no es el caso de Brasil, que además, históricamente es un país cerrado comercialmente y con distintos intereses entre sus estados, lo que acaba perjudicando la falta de consenso para aprobar ciertas reformas, hayan sido prometidas o no por el gobierno".

"En el caso de Brasil, hablamos de una economía cerrada y muy estatalizada, en el que hay un gran espacio para los privilegios hacia ciertos sectores y unas políticas inconsistentes en la legislación", señala el analista político Jairo Pimentel.

"En el caso de Brasil, hablamos de una economía cerrada y muy estatalizada, en el que hay un gran espacio para los privilegios hacia ciertos sectores y unas políticas inconsistentes en la legislación. Cualquier reforma es acabar con los beneficios que gozan ciertos grupos, que harán toda la presión posible en el Congreso para no verse perjudicados", agregó Pimentel.

Otro punto señalado por Prando es que en la mayoría de países se pueden aprobar las reformas en los parlamentos unicamerales, donde una medida no necesita ser votada primero en la Cámara Baja y luego en el Senado. Cada uno de los tres Poderes tiene claramente delimitado su radio de acción, lo que no permite espacio para que el Judiciario interfiera en decisiones del Legislativo.

En Brasil sucede exactamente lo contrario, con frecuentes intervenciones judiciales en temas políticos.

"La historia nos dice que las sociedades más cohesionadas son más capaces de generar acuerdos sociales necesarios para realizar las reformas. Son sociedades en las que la clase media tiene una parcela grande de renda, con lo que la desigualdad es baja, y hay muy poca violencia. Sociedades con padrones muy similares de vida. Nuevamente, Brasil no se encaja en esta concepción", dijo el profesor de Ciencias Políticas

"En Brasil la cohesión social es muy débil. Somos un país muy desigual, violento y en el que las personas no confían unas con las otras. Sin esta cohesión, difícilmente se podrá lograr la unión necesaria para sacar adelante las reformas prometidas. La cohesión social no deja de ser un factor de estabilidad, como ha quedado claro en varios episodios de radicalización política que hemos visto recientemente en varios países", agregó.

Para Pimentel, en Brasil, el bajo consenso social alimenta un ambiente antireformas por una combinación de populismo, conflicto distributivo alrededor de rendas intermediadas por el Estado, una fragmentación política y un proteccionismo comercial y regulador.

Sin embargo, el experto aseguró que "a pesar de todas estas dificultades que podríamos llamar estructurales para hacer reformas en Brasil, siempre salen oportunidades. En general, se crean durante las crisis, que ponen en evidencia la necesidad de cambios y debilitan la defensa de intereses corporativos específicos".

El gobierno brasileño quiere impulsar una serie de importantes reformas económicas, principalmente la de la Seguridad Social y pensiones, además de un amplio plan de privatizaciones. 

El gobierno, sin embargo, está demorando más de lo previsto en aplicar sus planos por la fuerte oposición que enfrenta tanto en el Congreso como en la sociedad.