En el inventario de muertos de la guerra del gobierno calderoniano contra las bandas del narcotráfico la cifra estimada es terrorífica: 40.000 personas, incluyendo a sicarios, soldados, marinos, policías, funcionarios gubernamentales y civiles, muchos civiles. Es una guerra impopular  y costosa que tiene cada vez más opositores, dentro y fuera de México.

Su impacto económico neto tiene que ver con lo que llamamos saldos. Esta guerra tiene un efecto riqueza, positivo y negativo, así como un flujo de ingresos y egresos, cuyo saldos son difíciles de medir con exactitud.

La destrucción material de riqueza es sólo una parte de lo que ha generado esta guerra. Los narco negocios son mucho más que eso, e ignorarlo lleva a conclusiones erróneas.

La revista mexicana Expansión estimó que el monto de valor anual de los narco negocios es de US$19.000 millones. Es un cálculo más entre muchos otros que se han hecho. La revista Fortune incluyó al “Chapo Guzmán”, el más próspero narco empresario mexicano, como dueño un patrimonio con un valor de US$1.000 millones. Si estas cifras fueran incuestionables, que no lo son,  ya tenemos de cualquier manera una idea del nivel que tiene el impacto neto de esta guerra que muchos vemos sin un final feliz, sin héroes y sin gloria para nadie.

La operación normal de los mercados mexicanos ha sido cambiada por las circunstancias de guerra. Es recomendable intentar ponerle un precio económico a esto. Se rompieron las reglas escritas y no escritas del pasado y estamos envueltos en una transición hacia “algo” que no sabemos qué es, con ramificaciones inmediatas en los terrenos económico, social, ético y, alerta, en el político-electoral. No sabemos hacia dónde vamos, pero sí debemos reconocer que no volveremos sencillamente al pasado si suponemos que el Estado mexicano ganará algún día esta guerra y que la clase narco empresarial será liquidada para siempre.

Homicidios, secuestros, extorsiones, robos, chantajes, tortura, etcétera, son hasta ahora los delitos más conocidos del nuevo crimen organizado, con un efecto negativo en la economía. Empresas cierran, empleos se pierden, inversiones se postergan, gastos públicos se disparan, exportaciones se debilitan, consumos que se achican, son sólo algunos de los hechos perjudiciales que han sido originados por esta guerra impopular.

Hace poco se apuntó, con cierta suficiencia inexplicable, que la violencia generada por el crimen organizado le ha costado a México aproximadamente entre 1% y 1,5% del PIB, nada más por pérdida de inversiones (Eduardo Cepeda, de JP Morgan Grupo Financiero para América Latina). Estamos hablando más o menos de US$15.800 millones anuales. ¿Cómo se hizo ese cálculo de costos de guerra? No hay información al respecto.

Por otra parte, la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de Proméxico negó que la violencia sea un factor que cause pérdidas de inversión extranjera o nacional. Víctor Manuel Herrera, de Standard & Poor's México aseguró que el crimen organizado y la ola de violencia que vive México no ha tenido un efecto tan negativo en las grandes empresas e inversiones.

¿Cómo medir los efectos económicos netos de esta guerra? Son elevados y crecientes, pero por su naturaleza es muy probable que haya diferentes cálculos, inexactos y contradictorios y, por lo tanto, poco confiables cada uno de ellos. La exactitud no es precisamente una propiedad de los muchos cálculos de los economistas y de otros expertos en las realidades económicas, y mucho menos en las circunstancias que se viven en muchas regiones del país.

Y para mencionar los “beneficios” del narcotráfico, la otra cara de la moneda, reconozcamos con realismo que los narcos son empresarios especializados en la producción y distribución de diversos bienes y servicios; que atienden un mercado interno y externo; que fijan precios; que generan empleos; que cobran impuestos de guerra (“cuotas”); que compiten sanguinariamente entre ellos; que son consumidores de productos y servicios; que fijan barreras a la entrada a sus actividades lucrativas e ilegales; que invierten en actividades empresariales legales (por el lavado de dinero), que son exportadores de primer nivel y un etcétera muy, pero muy largo.

Dicho de modo simple: ellos crean también un valor económico agregado, del cual sólo hay y habrá estimaciones burdas. La economía informal e ilegal es su nicho y allí se mueven originalmente, para pasarse tan pronto como sea posible a la formalidad, donde tienen capacidad para hacer otras alianzas económicas rentables. Y algo más: el aporte económico de los narcos cimienta tolerancia y popularidad sociales de ranchos y pueblos enteros que han encontrado en ellos un medio estable (pero de alto riesgo) de sobrevivencia económica.

Aparte de la inconmensurabilidad del impacto económico neto de esta guerra contra el narco, es irrefutable que ha inhibido el proceso normal de inversión y administración de miles de empresas. Un indicador cuantitativo de este fenómeno es lo que han recogido recientemente en las encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, preparadas por el Banco de México.

De los 22 factores que limitan la actividad económica, incluidos en el documento de junio del 2011, el factor “problemas de inseguridad pública” destaca desde hace un año. Desde entonces, cuatro han sido los principales factores limitantes del crecimiento:

a).-Debilidad del mercado interno.

b).-Problemas de inseguridad pública.

c).-Incertidumbre sobre la situación financiera internacional

d).-Ausencia de cambios estructurales.

Estos cuatro factores representaban hasta junio pasado el 83% (contra 62% hace un año), teniendo en esa fecha la inseguridad un peso de 22%; en mayo pasado ésta tuvo la mayor jerarquía en la lista: 28%. Si estos valores se comparan con los mismos meses del año pasado, este problema se percibe creciente… y alarmante.

Las guerras cuestan, destruyen y siembran dolor. Esta guerra mexicana no es la excepción. Medir sus efectos económicos netos es necesario, pero habrá que mejorar sus métodos de cálculo. El desafío es técnico, pero también político, social y ético.