La actual Constitución del Perú en el art. 60 sí permite al Estado realizar actividad empresarial, con ley expresa y sustentado en el supuesto y las condiciones del interés público y conveniencia nacional. Se denomina rol subsidiario del Estado porque le compete al sector privado ser el motor del crecimiento y al Estado el rol de facilitador, regulador y solo subsidiariamente puede el Estado efectuar en ciertas condiciones y supuestos actividad empresarial.

Cualquier modificación constitucional requiere la aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas (art. 206). Para que el Estado realice actividad no se requiere necesariamente un cambio de Constitución sino tan solo una ley, salvo que se pretenda cambiar el modelo económico que la actual Constitución consagra.

El rol del Estado. Al Estado le competen labores cruciales, en que se debe maximizar su eficiencia y funcionamiento, lo que no ocurre en el Perú, donde está pendiente y urgente una reforma de Estado con una resignación y priorización del presupuesto nacional, así como mejorar las retribuciones del funcionario público. Las labores innatas, connaturales, indelegables y constitucionales del Estado son:

1).- Educación (una de las peores de América Latina, y por lo tanto, del mundo).

2).- Salud (con evidente falta de cobertura e inversión descentralizada).

3).- Seguridad externa e interna (esta última concebida por la opinión pública como uno de los problemas más álgidos).

4).- Desarrollo de infraestructura (a pesar de los avances logrados, aún tenemos un déficit de infraestructura superior a los US$45.000 millones, igual a nuestras reservas récord de US$47.000 millones).

¿Tiene sustento la actividad empresarial el Estado? La actividad o el ejercicio empresarial -si cabe la palabra- del Estado se justifica cuando hay una demanda insatisfecha y no llega el sector privado. El Banco de la Nación podría -sin cambiar la Constitución- otorgar microcréditos en aquellos distritos donde constituye la única oferta bancaria, pero ¿también podría otorgar crédito a empresas que no tengan garantías o sean informarles? ¿Es conveniente que el Estado otorgue préstamos a quienes no son sujetos de crédito? ¿Debe el Estado, con recursos propios, asumir ese riesgo y eventualmente no poder cobrar al deudor crediticio?

¿Por qué el Estado no debe hacer empresa? Hacer empresa implica no solo aportes de capital, sino también recursos humanos que también son escasos en el Estado. Cuando la empresa privada no tiene éxito, los accionistas asumen el riesgo de pérdida patrimonial en su inversión; cuando el Estado fracasa, lo hace con lo recaudado en impuestos que bien pudo y debió ser utilizado en las labores que sí son de su incumbencia y competencia directa e ineludible salud, educación, infraestructura, seguridad interna y externa; servicios públicos.

Lo que el Perú requiere no es necesariamente ni en todos los casos “más Estado”, sí más escuelas y hospitales y un Estado más eficiente que no se inmiscuya en labores que puede realizar con mayor efectividad y con recursos propios el sector privado.

Distraer recursos escasos en actividades que no son de su competencia directa no lo hace más eficiente, aunque sí lo haga más grande y burocrático. La corrupción también suele asociarse a las empresas del Estado utilizadas para el clientelismo político.

¿Qué prefiere el ciudadano: mejor educación y salud, o una línea aérea de bandera?, ¿la dación de créditos sin garantía y de difícil cobranza para aquellos que no acceden a la banca comercial o alimentar a niños de las zonas más pobres del Perú y evitar su estancamiento intelectual?, ¿dónde están mejor invertidos los recursos del Estado?, ¿dónde es innata su responsabilidad y seguro el retorno de la inversión? ¿En capacitación técnica y salud de la población menos favorecida, o en negocios de riesgo que pueden hacer perder al Estado recursos que no le sobran?