Hace cerca de 18 años -y teniendo como antecedente la quiebra del régimen previsional estatal-, el gobierno peruano apostó por una reforma previsional con administradoras privadas. Esta reforma estuvo impulsada, más que por el final del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), por la necesidad política de patear hacia el futuro un problema álgido. Con los antecedentes entonces frescos de desmanejo, rapacería y licuefacción inflacionaria de los fondos y reservas del régimen estatal, dado que la idea de rescatar al IPSS resultaba inviable y la de copiar algo que había funcionado en Chile resultaba plausible, la creación de las AFP tomó forma; y así -parafraseando al Chavo del 8, “sin querer queriendo”- se creó el sistema privado de pensiones peruano.

Estrictamente hablando, el cambio de régimen que creó las administradoras de fondos previsionales no privatizó nada. Solo buscó quitar de las manos de un viejo ladrón -la burocracia estatal- los ahorros previsionales de los trabajadores. Se pasó de un oscuro régimen de reparto solidario (que continuamente saqueaba los ahorros de los aportantes a nombre de la solidaridad) a un régimen de cuentas de capitalización individual ofertadas por nuevos intermediarios previsionales privados, con superintendencia incluida.

La injustificadamente denominada privatización de las jubilaciones (económicamente hablando éstas siempre se estructuran sobre aportes de privados) y reinventada por un brillante economista chileno (José Piñera), resultaba en realidad una idea simple. Los aportes acumulados (el fondo previsional) tendrían ahora claros derechos de propiedad y la administración era alejada de la cleptocracia estatal. Merece destacarse aquí que este alejamiento era solo parcial. La burocracia estatal regularía prudencialmente las actividades de las AFP.

La clave aquí pasa por reconocer que esta puerta de ingreso debe ser siempre mirada con recelo. Los casos de Chile -que protege los ahorros de los trabajadores y ha transitado hacia un esquema regulatorio que diversifica razonablemente el riesgo global de las inversiones- y de Argentina -que a través de esquemas de regulación in crescendo terminó justificando su expropiación, cuando la señora Kirchner requería plata ajena para gastar- configuran las antípodas sobre las que podemos ponderar los retos que hoy enfrentan las AFP peruanas. El caso peruano, podría decirse con cierta propiedad, se encuentra al medio. Aunque se ha desarrollado, sufre de las contradicciones por un aparato regulatorio abiertamente invasivo.

Aunque a fines de 2010 las cifras muestran que los fondos ahorrados ya bordean los US$30.000 millones (un quinto del PBI) y 4,6 millones de electores tienen un fondo promedio de más de US$6.400, todo no resulta muy claro aún. Con un límite innecesario y arbitrariamente bajo a las inversiones de las AFP en el exterior -que actúa como una explícita prohibición a diversificar globalmente riesgos-, apenas una veintena de instrumentos autorizados para canalizar el ahorro previsional y barreras al ingreso de nueva competencia, los ahorros de los trabajadores están obligados a sobreexponerse en la moneda local y con el fisco y la bolsa limeña.

Lo sugestivo de este estado de cosas pasa por recordar el argumento central con el que se justifica el potencialmente confiscatorio mantenimiento de un límite bajo a las inversiones SPP en el exterior: la creación de un mercado de capitales local. Más allá de lo intelectualmente flácida de la creencia por la cual una distorsión estatal “crearía un mercado”, la razón de fondo tácita detrás del mantenimiento del límite -legislado por el Congreso pero propuesto y manipulado por el BCR- es simple. La burocracia actúa como dueña de los fondos privados. Los obliga a sobreexponerse en soles (inflando por decreto la demanda por dinero y otros instrumentos locales) y proporciona financiamiento barato al fisco y a privados locales.

Bajo este estado de cosas, el futuro del SPP peruano no es tan claro como nos gustaría creer. No solo porque las reglas actuales exponen a un elevado riesgo de licuefacción a ahorros previsionales mantenidos por decreto en soles (ante cualquier significativo ajuste cambiario), sino porque han desarrollado ya cierta adicción estatal al financiamiento AFP de su gasto. Hoy, por ejemplo, las AFP financian el gasto público por más de US$5.000 millones. Resulta probable que ante una fuerte caída de la recaudación tributaria (asociada a una sostenida contracción de los precios de los commodities  que  exportamos), un gobierno desesperado -al estilo venezolano o argentino- con los candidatos que usted conoce, opte por una salida solidaria. Léase: por echar mano (léase: confiscar legalmente) las jubilaciones de privados.

Urge eliminar el límite a las inversiones AFP en el exterior y desmontar barreras de ingresos a nuevos ofertantes de servicios previsionales, así como facilitar la oferta de nuevos instrumentos. Resulta clave hoy hablar muy claro: sin cambios, la mesa hoy está servida para un nuevo accidente previsional en el Perú.