En 2011 se cumplirán 30 años de una de las reformas estructurales más importantes llevadas a cabo en Latinoamérica: la de los sistemas de pensiones.

Este camino se inició en Chile, cuando en 1981 se dejó atrás el tradicional esquema de reparto tras las dificultades financieras y graves injusticias que enfrentaba el sistema de ese entonces y fue reemplazado por uno de cuentas de capitalización individual administradas por el sector privado. Los riesgos a los que se enfrentaba Chile, que eran muy típicos en varios otros países de la región, respondían a los cambios en los patrones demográficos (incremento de la esperanza de vida y menores tasas de natalidad), parámetros para el cálculo de las pensiones divorciados de la realidad, insostenibilidad financiera, graves e injustas diferencias en beneficios y contribuciones para distintos grupos de trabajadores, y limitaciones en la cobertura.

Esta iniciativa terminó convirtiéndose en un modelo imitado en la región. A la fecha, en Latinoamérica diez países han incorporado cuentas de capitalización individual obligatorias que acumulan US$300.000 millones y gestionan más de 70 millones de cuentas de ahorro para la vejez.

Dado ello, es importante preguntarse ¿cuál es el balance de estas reformas después de 30 años? En primer lugar, la introducción de un componente de capitalización individual de pensiones permitió dotar al sistema de un sentido económico de equilibrio de largo plazo, cerrando una vía importante de desequilibrio fiscal que amenazaba la sostenibilidad de la región.

Un segundo elemento introducido por esta nueva perspectiva fue brindar una mayor eficiencia, abriendo paso a la participación de importantes grupos financieros en la administración de los fondos de pensiones, que trajeron know how a la gestión de clientes, a la operatividad de los procesos y a la administración de las inversiones. Sobre esto último, se incorporaron, a favor del trabajador, un abanico importante de alternativas de ahorro, a través de instrumentos financieros en el mercado de capitales que las compañías gestionaban, lo que ha significado rendimientos significativos.

A manera de ejemplo, en las tres décadas de vigencia del sistema de pensiones chileno, se observan rendimientos promedio superiores al 8% en términos reales por año. En el caso de nuestro país (Perú), el rendimiento real histórico anual es cercano al 10%.

Asociado a lo anterior, la participación del componente de capitalización individual ha generado un círculo virtuoso con el desarrollo del mercado de capitales, cuyo actual nivel de dinamismo lo debe en gran medida a los fondos de pensiones privados.

La reforma  pensionaria también generó una relación más directa entre ahorro y beneficios futuros del sistema; es decir, un sentido de derecho de propiedad que no era muy claro bajo el anterior esquema de reparto.

No obstante, como toda reforma, a medida que el sistema madura aparecen nuevos retos futuros que se deben enfrentar a corto, mediano y largo plazo, muchos de ellos comunes a Latinoamérica.

Un tema importante es el de las dificultades que presentan los sistemas de pensiones para incorporar a aquellos trabajadores que por las condiciones de desempleo estructural en la economía o por la precariedad de su situación laboral se desempeñan en el sector informal, hecho que obviamente limita su posibilidad de ahorrar.

Si bien la solución de los problemas del mercado laboral e informalidad recae, en mayor medida, en decisiones de política por parte del Estado, los sistemas de pensiones vigentes tienen el reto de buscar alternativas dentro de la realidad donde les toca desempeñarse.

Otros aspectos de no menor relevancia están relacionados a las dificultades ineludibles que irán imponiendo los cambios demográficos, en particular la mayor longevidad de la población.

Esta esperanza de vivir más años requerirá tomar decisiones difíciles, como ampliar la edad de jubilación, incrementar la tasa de ahorro a pensiones, entre otras. Pero al mismo tiempo, se necesitará del desarrollo en la industria de nuevos productos financieros y una gestión de riesgos adecuada al nuevo contexto, donde una mayor desacumulación de ahorros será cada vez más relevante.