Tras la crisis financiera global, los países emergentes, particularmente en Asia, están impulsando el crecimiento económico del resto del mundo. Esto ha sido una bendición para las exportaciones de materias primas latinoamericanas, pero un reto para las manufacturas. Para que América Latina y el Caribe logren tasas sostenidas de crecimiento económico y reduzcan sustancialmente la pobreza en los próximos años, es esencial que eleven su productividad.
Según concluye un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, los países latinoamericanos están cada vez más lejos de los niveles de ingreso per cápita de los países desarrollados, no por falta de inversión, sino porque usan mal los recursos productivos, debido a políticas que premian la ineficiencia, desestimulan la competencia y la innovación, o desvían recursos hacia actividades rentistas o improductivas. De los 17 países latinoamericanos y caribeños mencionados en el estudio, sólo Chile aumentó su productividad en relación a Estados Unidos desde 1960.
Puesto que la productividad consiste en producir más con los mismos recursos productivos, debería ser un objetivo deseable para cualquier sociedad. En la práctica, sin embargo, los sistemas políticos y los gobiernos hacen muchas cosas contrarias a la productividad.
Se necesita un nuevo pacto social a favor de políticas que estimulen el mejor uso de los recursos productivos en la economía, en lugar de beneficiar sólo a algunos sectores o empresas. Para superar los poderosos obstáculos de economía política que se oponen a la productividad, son necesarias cinco acciones clave: entender, coordinar, bloquear, ejecutar y persistir.
Entender los efectos que tienen las políticas sobre la productividad es la primera tarea. Es fácil entender que ampliar el acceso al crédito, mejorar la infraestructura de transporte o elevar la calidad de la educación son políticas favorables a la productividad. Pero es más difícil entender -y aceptar- que muchas políticas bien intencionadas son contrarias a la productividad. Dos ejemplos son dar subsidios a empresas que generan mucho empleo pero que son ineficientes, o poner impuestos a las empresas más productivas para financiar programas de apoyo a los informales o a microempresas que no pagan impuestos.
Coordinar a los políticos, el gobierno y el sector privado, es el segundo desafío. Por ejemplo, desarrollar un sistema de transporte de carga integrado y eficiente requiere concebir un plan coherente y viable; expedir normas legales para adecuar la regulación, movilizar recursos fiscales, encontrar financiamiento doméstico y externo, y lograr asociaciones entre el sector público y el sector privado para desarrollar y operar la infraestructura. Esto es difícil cuando hay demasiada fragmentación y cortoplacismo en los sistema de decisión política o en las estrategias de negocios del sector privado, o cuando no hay un mínimo de confianza entre las partes involucradas.
Bloquear a los buscadores de rentas no es un reto menor. La corrupción y el parasitismo prosperan más en sistemas políticos monolíticos o demasiado fragmentados, donde no pueden funcionar los controles mutuos entre las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. También tienden a prosperar en países abundantes en recursos naturales que no han logrado diversificar sus economías. Pero los buscadores de rentas pululan en todo tipo de países, pobres o ricos, y tanto dentro del gobierno como en las empresas y agremiaciones privadas. Bloquearlos requiere no solo de buenas instituciones, sino también de liderazgo.
Ejecutar bien las decisiones de política es el cuarto eslabón para alcanzar la productividad. No hay buenas políticas sin buenas burocracias estatales, comprometidas con el bien público. Pero la buena ejecución de las políticas depende también de la presencia de entidades académicas, organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales que en virtud de su independencia y credibilidad ayuden a sortear las dificultades y a supervisar el cumplimiento de los compromisos que implica cualquier decisión de política pública.
Y, por último, hay que persistir hasta ver los frutos. Las políticas públicas o las inversiones privadas que más ayudan a elevar la productividad no son usualmente las que dan efecto inmediato, sino las que requieren de un período largo de desarrollo y consolidación. Ello requiere contener la impaciencia propia de las democracias, lo cual es más factible cuando hay partidos políticos estructurados, debates públicos intensos y rotación institucional del poder. Para que los inversionistas privados persistan en sus esfuerzos también es preciso que haya estabilidad en las políticas macroeconómicas, lo cual es más probable si hay un banco central independiente y unas reglas de comportamiento fiscal que exigen ahorrar durante los buenos tiempos para poder enfrentar los malos tiempos.
En la última década, las sociedades latinoamericanas lograron un amplio consenso sobre las ventajas de la estabilidad macroeconómica, lo que permitió que la región se recuperara rápidamente de la peor crisis económica mundial desde la gran depresión. Pero la estabilidad macro no es suficiente para crecer a tasas respetables. Es hora de perseguir un nuevo pacto que propicie una era de crecimiento sostenible a largo plazo basado en la productividad.
