La iniciativa le suma $16,9 billones (US$ 4,07 billones) en recursos al Presupuesto General de Colombia. Educación y salud son los dos sectores que más financiamiento recibieron por cuenta de este proyecto de ley.

El proyecto de adición presupuestal fue aprobado por el Congreso colombiano esta madrugada, como parte de las sesiones extra que fueron citadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Senado tuvo una votación positiva de 59 y negativa de 11. Esto en segundo debate el proyecto de ley que adiciona en $16,9 billones (US$ 4,07 billones) el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023. Con esta adición el PGN asciende a $422,5 billones (US$ 101,8 billones).

De fondo, el proyecto busca “incorporar recursos para contrarrestar la desaceleración económica. La estrategia frente a la adición es propender porque lo que está aprobado se ejecute de manera eficiente y efectiva. Lo que se adiciona debe encaminarse a la reactivación económica. Para el efecto se tiene en cuenta el estado de ejecución de apropiaciones vigentes y de rezago presupuestal constituido”. Este dinero extra se suma a lo que ya está estipulado en el Presupuesto General de la Nación, que actualmente cuenta con más de $40,5 billones (US$ 9,8 millones). 

El ministro de Hacienda de Colombia (e), Diego Guevara, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate democrático, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, “los recursos previstos en la adición son resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos. Los $16,9 billones adicionales de gasto se destinarán de forma prioritaria para impulsar la reactivación, con énfasis en los programas y proyectos con mayor potencial de generar efectos multiplicadores sobre la actividad económica durante el segundo semestre de 2023″.

A su vez, el gasto que compone la adición presupuestal se asignó siguiendo los siguientes criterios, según el Ministerio de Hacienda: “... avance de la estructuración legal y financiera de los programas y proyectos de inversión; cerrar desfases de recursos en programas de inversión social, ocasionados por cambios en las variables macroeconómicas; tiempo efectivo de ejecución disponible durante esta vigencia presupuestal, considerando la fecha probable de aprobación de este proyecto de ley y las restricciones a la contratación pública que impone el cumplimiento de la ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005); y la articulación de la partida adicionada con la reactivación económica y su alineación con las metas del PND 2022-2026″.

El escenario fiscal que sustenta la adición se construyó a partir de la revisión del escenario macroeconómico presentada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Este documento se publicó el 14 de junio pasado, y allí se proyecta que para 2023 la economía colombiana crezca 1,8 %; la inflación anual baje a 9,2 %; el precio del petróleo se ubique en un promedio anual de US$ 78,6 por barril, la producción petrolera sea de 769 mil barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 6,2 % del PIB en 2022 a 4,0 % del PIB.

De los $16,9 billones (US$ 4,07 billones) aprobados en la adición, se repartirán así:

• $9,1 billones se presupuestan en inversión (US$ 2,2 billones)
• $7,3 billones en funcionamiento (US$ 1,8
• billones)
• $500 mm en servicio de la deuda (US$ 120.549)

De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones (US$ 20 billones), 5,2 % del PIB; 19,5 % más que lo presupuestado en 2022 ($69,7 billones o US$ 16,8 billones). Por razones legales de clasificación presupuestal, el rubro de transferencias corrientes de funcionamiento incluye partidas destinadas a la formación de capital físico y humano; las cuales, en la fase de ejecución presupuestal, ampliarán la inversión social en educación y salud y construcción de la paz, entre otras, según Hacienda.

Los recursos adicionales aprobados hoy por el Congreso de la República de Colombia se destinarán a diferentes sectores, con el fin de atender:

• Atender la reforma rural integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria.
• Fortalecer los subsidios de vivienda.
• Impulsar el catastro multipropósito.
• Mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa.
• Garantizar el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas.
• Cubrir faltantes en los subsidios de energía y gas.
• Construcción, rehabilitación ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias.
• Compensar el impacto de las variables macroeconómicas sobre el pago de obligaciones pensionales.
• Protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos.
• Cerrar brechas digitales poblacionales.
• Impulsar la paz.
• Fortalecer la educación artística y cultural.
• Otros.

Educación

Este es el sector que recibiría mayores recursos con la adición. El aumento sería de $2,19 billones (US$ 528 millones), para un total de $57 billones (US$ 13,7 billones). El grueso de la adición se iría para funcionamiento, con $1,15 billones (US$ 277 millones). De estos, $1 billón (US$ 241 millones) saldría del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, los cuales serían dirigidos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el fin de cubrir las obligaciones pensionales. El resto ($146.000 millones o US$ 35,2 millones) son para la amplificación de la cobertura de 80.000 nuevos cupos en instituciones de educación superior pública (aquí se beneficiarían también las sedes frontera de la Universidad Nacional).

“Para inversión en este sector se adicionan $1,05 billones (US$ 253,2 millones), de los cuales $550.000 millones (US$ 132,6 millones) están orientados a financiar el Plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de aproximadamente 16 sedes de Instituciones de Educación Superior Públicas; $100.000 millones (US$ 24,1 millones) para ampliar cobertura en la política de gratuidad y $150.000 millones (US$ 36,2 millones) de la contribución parafiscal Estampilla proUniversidad con destinación específica, dirigidos al fortalecimiento de las universidades estatales por mayores recaudos acumulados de vigencias anteriores no presupuestados. Para la educación básica se incrementan $250.000 millones (US$ 60,3 millones) para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, detalla la ponencia.

Salud y protección social

Este es el segundo rubro que recibiría mayores adiciones ($2,03 billones o US$ 489,4 millones para un total de $52,305 billones o US$ 12,6 billones). Estos nuevos recursos están encaminados para el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de los servicios. Dichos dineros serían transferidos a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

También habría recursos de esta adición para asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados de ferrocarriles, así como las cuotas y partes pensionales del extinto ISS.

Adicionalmente, se destinan recursos para asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados de Ferrocarriles y cuotas partes pensionales del extinto ISS.

Vivienda, Transporte, Minas y Energía

Estos son los otros sectores de la economía colombiana que abarcan más recursos de la eventual adición presupuestal. En el primero se sumarían $1,5 billones (US$ 361,6 millones) con los cuales se inveritía en los programas de Cambia mi Casa, Vivienda Rural y Mi Casa Ya. También habría dineros para el déficit que presente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

En Transporte se adicionarían $1,4 billones (US$ 337,5 millones), los cuales se irían para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías, en especial “caminos comunitarios de la paz total”, y de la infraestructura aeroportuaria regional, al igual que la recuperación de la red férrea y el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Río Magdalena. “También se incluyen $500.000 millones para cubrir el diferencial por el impacto del Decreto 050 de 2023″, precisa el documento.

Finalmente, está el sector de Minas y Energía, con una adición de $1,4 billones. De estos, el grueso ($1,17 billones o US$ 282 millones) serán para cubrir los faltantes en subsidios de energía para 13,7 millones de hogares de estrato 1,2 y 3, amén de otros 6,7 millones que se benefician del servicio del gas. Otros $200.700 millones (US$ 48,3 millones) serán para el desarrollo de proyectos de transición energética; $35.500 millones (US$ 8,5 millones) para una consulta previa, la ventanilla minera y el fortalecimiento del relacionamiento territorial para la creación de valor en el sector minero; $3.100 millones (US$ 747.401) para atender el faltante en la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-.

Esta adición presupuestal tendrá que ser debatida en el Congreso, en medio de un panorama complejo para el avance de otras ambiciones que tiene este gobierno, como lo es la reforma pensional y laboral. El primer debate sobre estos recursos se daría en la mañana de este miércoles.