La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio que se apoya en indicios que suponen la realización de acuerdos anticompetitivos en el mercado mexicano. 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga a cadenas de cine y distribuidores de películas por supuestos acuerdos ilegales en México. 

El organismo destacó que la autoridad investigadora tiene indicios para suponer la realización de acuerdos anticompetitivos en dicho mercado.

En el Diario Oficial de la Federación, la Cofece acotó que “derivado de diversa información pública”, tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, y que, no sólo se estará investigando la distribución y exhibición de películas en salas de cine, sino también a los servicios complementarios ofrecidos en éstas.

Apuntó que el procedimiento no debe entenderse como un “prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno”, sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de ley.

Según la institución, este mercado cobra importancia debido a que la exhibición de películas es una de las principales fuentes de esparcimiento de las familias.

“Tan solo en 2022, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se vendió un número de boletos mayor a la población total de mexicanos residentes en territorio nacional, alcanzando cerca de 182 millones de entradas al cine”, destacó el organismo.

Asimismo, “los ingresos totales en taquilla para el mismo periodo ascendieron a 12.025 millones de pesos (US$ 685,7 millones, aproximadamente), por lo que, en caso de existir un acuerdo ilegal, ya sea en la distribución o en la exhibición de películas, o en los otros servicios en las salas de cine, se impactaría de manera directa en las familias de nuestro país que asisten al cine”.

¿Cuáles serían las sanciones?

Si la Comisión Federal de Competencia Económica prueba que las cadenas y distribuidores rompieron la ley, sus directivos pueden ser inhabilitados hasta por cinco años y recibir multas hasta por 200 mil veces el salario mínimo.

También hay multas administrativas equivalentes al 10% de los ingresos económicos del agente económico responsable y existe la posibilidad de que quienes quebranten la ley pasen hasta 10 años en prisión.