Plataformas digitales critican la laboralidad forzosa y la poca flexibilidad para los repartidores de esta propuesta y advierten que el 90% de trabajadores digitales quedaría fuera. 

La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro radicada al Congreso hace unas semanas ha desencadenado un fuerte debate, especialmente entre las aplicaciones de domicilios o reparto, que resultarían afectadas por la laboralidad forzosa y el freno a la flexibilidad laboral que acarrearía de aprobarse esta propuesta. 

Una de ellas es nada menos que el unicornio Rappi, cuyo cofundador y CEO Simón Borrero manifestó en una entrevista al medio colombiano Semana su preocupación por esta reforma,  puesto que obligaría a las plataformas digitales a contratar como empleados a todos los repartidores o rappitenderos que usan la aplicación.

“De aprobarse la reforma, 90% de los trabajadores digitales quedaría por fuera y daña totalmente el modelo. Rappi y las demás plataformas están construidas para brindarles oportunidad de ingresos complementarios a miles de personas y la reforma va en contravía de ese modelo”, dijo el emprendedor colombiano y agregó que que de prosperar la reforma, el costo de los domicilios (servicio de entrega), se incrementaría hasta $18.000 (cerca de US$ 4).

A las declaraciones de Simón Borrero se sumó una protesta en Bogotá encabezada por rappitenderos en contra de la reforma del gobierno. Gustavo Petro no se quedó callado y en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: "Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas les decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre".

Definitivamente el debate está en un punto álgido, pero ¿qué es lo que realmente está en juego con esta propuesta de reforma laboral que no solo se debate en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica? 

Por el lado de las empresas, para la abogada Aymé Límaco, jefa del área laboral de Cuatrecasas, esta podría traer ciertas implicancias como el aumento del costo operativo de las empresas de plataformas digitales, ya que tendrían que cumplir con las obligaciones laborales y brindar beneficios a sus empleados, lo cual podría afectar sus márgenes de ganancia.

“Podrían enfrentarse al riesgo de que algunas empresas reduzcan su nivel de contratación o se retiren del mercado debido a los costos adicionales asociados con la nueva regulación”, dice Límaco y, en sintonía con Borrero, señala que los costos adicionales podrían llevar a un aumento en los precios finales para los consumidores, lo que podría afectar la demanda y el volumen de ventas para las empresas. 

Por el lado de los trabajadores, o en este caso específico, de los repartidores, la necesidad de regular sus condiciones laborales es urgente. Mucho se ha hablado de la precariedad que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales, no solo de delivery, sino también de quienes se desempeñan como conductores de servicios de movilidad.

Incluso, desde 2020 - el año en que irrumpió la pandemia en la región y en el que muchos latinoamericano optaron por esta alternativa como fuente de ingreso ante la pérdida de trabajo, en el estudio de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en base a información de 2020)-  ya se advertía sobre las condiciones heterogéneas de este tipo de trabajo.

"Si bien estas modalidades representan nuevas oportunidades laborales, tienden a contribuir a una precarización del mercado laboral. La evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y la falta de opciones de diálogo y representación", dice el reporte.

Para Aymé Límaco, con la aprobación de una reforma laboral, lo positivo es que los repartidores de las plataformas de delivery podrían disfrutar de mejores condiciones laborales y tener más certidumbre en su trabajo, como, por ejemplo, la garantía de un salario mínimo, la provisión de beneficios sociales como el seguro de salud y las vacaciones remuneradas, o la protección contra la discriminación y el despido injustificado.

“Además, una reforma laboral también podría mejorar la seguridad de los trabajadores de delivery al exigir que las empresas de plataformas digitales cumplan con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y brinden capacitación adecuada a sus empleados. Estas medidas podrían llevar a una mayor productividad y retención de los trabajadores. Además, las empresas que brinden mejores condiciones laborales podrían aumentar su atractivo para los consumidores, mejorar su imagen de marca y fomentar la fidelidad del cliente”, dice la abogada.  

Punto de equilibrio

Más allá de las críticas de las empresas que se verían afectadas por la reforma laboral presentada por el gobierno colombiano, todo ajuste pendiente a la propuesta debe asegurar el bienestar de los trabajadores a la hora de ser contratados por estas plataformas de delivery. Para ello, debe prevalecer una relación laboral con los repartidores que “evoque un empleo legal, seguro y estable en el tiempo, dejando de ser parte del régimen de trabajadores autónomos y convirtiéndose en trabajadores asalariados y dependientes”.

“Por lo tanto, deben tener derecho a beneficios laborales básicos, esto significa que las plataformas digitales deben cumplir con la ley y garantizar que estos trabajadores reciban los beneficios a los que tienen derecho, así como el pago sobre los riesgos laborales que se presenten”, dice Límaco y añade: “Es importante que las plataformas digitales sean transparentes y claras en los contratos que ofrecen a los trabajadores de delivery y que los contratos estén sujetos a monitoreo y regulación adecuada para garantizar que se cumplan las normas laborales”.

Por lo pronto, la propuesta de Gustavo Petro cuenta con el aval de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), después de que el secretario general del Ministerio del Trabajo, Guillermo Andrés Rojas, presentará en París el tercer informe post acceso de Colombia ante el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (Elsac) de dicho organismo. 

Asimismo, la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales del Departamento de Empleo de Estados Unidos, Molly McCoy, resaltó el contenido de la reforma laboral y resaltó el papel protagonista que el proyecto le Entre estas propuestas destacan el pagar la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más del equivalente a un salario mínimo, pagar un paquete de seguros que cubra accidentes, salud, RCE (una de las coberturas más importantes dentro de los seguros para vehículos), entre otras, obligatorio para los repartidores que ganen menos del equivalente a un salario mínimo; además, la concurrencia entre trabajadores y empresas para pagar salud y pensión.

Desde Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, el problema de la situación laboral de los repartidores no radica entre la desprotección y la protección social, ya que sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. “Este sector económico cumple una importante función social (para varios grupos poblacionales) y está comprometido y listo para dar la pelea y mejorar la formalización y protección de los repartidores”, comentó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In a medios locales.

De acuerdo con el gremio, el problema es que varias de las propuestas que le hicieron al Gobierno Nacional no se tuvieron en cuenta en el documento radicado ante el Legislativo. 

Regulación digital en Latinoamérica

Pese al debate generado en Colombia, en la región existen buenos precedentes sobre reformas laborales aplicadas a los trabajadores de estas apps. El caso de Chile que en marzo de 2022 se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en promulgar un nuevo marco normativo para regular las nuevas formas laborales derivadas de la masificación en el uso de plataformas digitales bajo demanda. 

“Chile aprobó una reforma laboral para incluir a las y los trabajadores de plataformas digitales en el Código del Trabajo. Es decir, la relación laboral entre las compañías que operan mediante plataformas y sus repartidores tendrá reconocimiento legal, aunque bajo una modalidad especial. Dicho reconocimiento de relación laboral implica el otorgamiento de derechos como la sindicalización, desconexión y el cálculo de remuneración por jornada”, explica Aymé Límaco.

En otros países la regulación sobre los trabajadores de plataformas digitales está en distintas etapas. En México, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) busca impulsar una reforma a la Ley del Trabajo para incluir un capítulo especial sobre plataformas digitales, para obligarlas a reconocer a sus colaboradores como trabajadores a través de su integración al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En Perú, hasta la fecha se han presentado en total 17 proyectos de ley que han buscado regular las plataformas y a los trabajadores, según la investigación de la asociación Observatorio de Plataformas. Actualmente, existe el proyecto en el Legislativo peruano, propuesto por la congresista Susel Paredes que apunta a generar un nexo laboral entre los repartidores y las empresas de aplicativos. No obstante, hasta el momento, no es parte de la agenda del Congreso. 

Y aunque no hay una fórmula mágica para lograr una reforma exitosa, Límaco concluye que si bien cada país puede tener diferentes enfoques y requisitos específicos para sus reformas laborales, “es importante que se protejan y se regulen estas relaciones laborales con criterios básicos y universales como el sueldo mínimo, el máximo de horas a laboral en la semana y la cobertura de beneficios sociales esenciales”. 

Todo parece que indicar que la gig economy, o economía de plataformas en Latinoamérica, va por el mismo camino que sus pares de Estados Unidos y Europa, pasando de la informalidad a la formalidad una vez que ya forman parte del ecosistema laboral de las ciudades y que su servicio se consolida e ingresa a la mira del regulador.