Si bien el fallo de la Corte Constitucional que dio paso a la consulta popular estableció el plazo de un año para cerrar las operaciones del campo, en caso de ganar el Sí, el gerente de Petroecuador comentó que en ese tiempo no sería posible paralizar la actividad y que si se cierra el bloque 43-ITT afectaría la credibilidad del país ante inversionistas extranjeros que buscan desarrollar proyectos a largo plazo.

Mientras se espera el inicio de la campaña electoral sobre la consulta popular del Yasuní, el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, y el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, participaron en un foro en el que hablaron de los efectos económicos y sociales de dejar de producir petróleo en el bloque 43-ITT, en caso que gane la opción del Sí.

Correa presentó proyecciones del impacto a 20 años. Según las cifras, las pérdidas alcanzarían los US$ 16.470 millones, expuso el gerente durante el evento realizado la tarde del martes, en la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito.

El monto se compone por US$ 467 millones por el costo de abandono del campo, US$ 251 millones por pérdida de empleo y compensación social a 20 años, US$ 1.952 millones por pérdidas asociadas a inversiones realizadas al 2023 y US$ 13.800 millones por pérdida de cierre de operaciones.

Si bien el fallo de la Corte Constitucional (CC) -que dio paso a la consulta popular- estableció el plazo de un año para cerrar las operaciones del campo, en caso de ganar el Sí, el gerente de Petroecuador comentó que en ese tiempo no sería posible paralizar la actividad.

“Eso no es cuestión de coger la mochila y salir de ahí. Hay muchísima infraestructura. Hay que abandonar la infraestructura y abandonar de una forma técnica, cada pozo tiene que ser taponado con tres tapones; hay 250 pozos. Hay que sacar toda la infraestructura, desenterrar ductos. Eso normalmente cuesta casi US$ 500 millones y nos tomaría, no como dice el fallo un año, eso nos tomaría por lo menos cuatro o cinco años. Y cuando uno hace estos cálculos tiene que provisionar que va abandonar el campo unos diez años antes”, explicó Correa e indicó que en Ecuador “jamás se ha abandonado un campo”.

El funcionario señaló que si se cierra el bloque 43-ITT afectaría la credibilidad del país ante inversionistas extranjeros que buscan desarrollar proyectos a largo plazo.

Correa indicó que las operaciones en el bloque 43-ITT tiene el 78 % de participación nacional, se han invertido US$ 1.852 millones. El costo de producción promedio de producción por barril ha sido de $ 15,31, entre los años 2017 y 2022. El trabajo en el campo se realiza con más de 50 empresas y más de 1.500 personas que laboran ahí, dijo.

Todo es suma alrededor de US$ 4.200 millones netos para ingresos del Estado (renta petrolera) entre 2012 hasta 2022. Solo el año pasado la renta petrolera fue de US$ 1.200 millones, aproximadamente, apuntó el titular de Petroecuador.

El gerente señaló que “el petróleo es el salario del país”. Y comentó que la pregunta que impulsa el colectivo YASunidos se hizo en 2013, cuando para el momento que no había un solo barril en la superficie, pero ahora la realidad en el bloque es distinta.

Para el funcionario, la pregunta “es confusa” y tiene un problema de concepción. “Llega diez años después, justamente cuando tenemos el mejor campo en producción, desde el punto de vista del medio ambiente, de comunidades y de sostenibilidad”, aseguró.

En cuanto al impacto social, Correa mencionó que hay 7 comunidades indígenas en el área de influencia directa del bloque 43-ITT; 2.514 habitantes beneficiados por los convenios firmados con las comunidades, quienes reciben proyectos de agua potable, entre otros.

Se han generado 915 empleos directos, que se verían afectados con el cierre del bloque. Y hay $ 40 millones en convenios de compensación social e indemnizaciones, calculados a cinco años.

El gerente aseguró que “en el bloque no han habido derrames”, sino que han existido “incidentes ambientales pequeños”. Que se han producido 1.000 millones de barriles de fluido y se han reportado 26 incidentes pequeños, que no han derramado más de 18 barriles, los cuales han sido recuperados en el 99 %.

Además, resaltó que Petroecuador ha recibido reconocimientos por sus prácticas ambientales en el ITT.

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El ministro de Economía, por su parte, destacó que en la actualidad “es posible producir petróleo en armonía con el medio ambiente”.

Pablo Arosemena mencionó que “Ecuador no tiene un dólar ahorrado” y atraviesa desde hace años una situación de déficit fiscal.

Dijo que si la renta petrolera actualmente es de US$ 1.200 millones anuales, ese dinero se dejará de percibir a partir del próximo año, si gana el Sí en la consulta. En ese contexto, comentó que el próximo gobierno tendrá que compensar ese vacío en las arcas fiscales.

“O ajustas por el ingreso, o ajustas por el gasto. ¿Qué significa esto? O dejas de gastar en cosas que actualmente estás gastando; por ejemplo, toda la compra de medicinas, tener el 100 % del abastecimiento de todas las medicinas, en toda la red pública de hospitales, centros y subcentros, es equivalente a lo que nos cuesta la renta que nos viene del Yasuní. Si lo quieren ver por el lado del ingreso, se pudiera compensar subiendo el IVA dos puntos”, reflexionó Arosemena.

El titular de Finanzas señaló que otra vía que podría tener el nuevo gobierno para ajustar los recursos sería mediante una focalización de subsidios.