La sentencia obliga al país pagar una indemnización de US$ 16.000 millones a las firmas accionistas Burford Capital y Eton Park, demandantes en la causa.

El gobierno argentino confirmó ayer miércoles que apelará la sentencia en su contra dictada por la Justicia de Estados Unidos el pasado septiembre, y que condena a Argentina a pagar US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012.

Argentina ya había adelantado que pensaba apelar la sentencia en firme publicada el 15 de septiembre por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que obligaba al Estado a pagar la mayor indemnización posible a dos empresas accionistas de YPF tras ocho años de litigio.

El fondo Burford Capital impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, antes pertenecientes al grupo argentino Petersen, que tenía un 25% de acciones en YPF (al que se sumó Eton Park, fondo estadounidense que tenía el 2,9% de YPF). 

La jueza Preska detalló en su fallo que Argentina debía pagar a Petersen US$ 14.385 millones y a Eton Park US$ 1.714 millones en concepto de "ruptura de contrato".

La expropiación de la petrolera ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.  

El 16 de abril de 2012, el gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF, controlada por la española Repsol; unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país suramericano aprobó la ley de expropiación de la empresa.  

En su fallo de septiembre, la jueza dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina tomó el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que debe aplicarse es 8% (y no 0%, como pretendía Argentina) y que el P/E ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para el demandante.