La reforma a la Ley Minera y otros ordenamientos reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y, al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.

Con la crítica de PAN, PRI y PRD, Morena y sus aliados aprobaron fast track y con dispensa de trámites, en lo general, una nueva propuesta de reforma a Ley Minera que reduce a 30 años las concesiones, con opción de prorrogarlas en una sola ocasión por un término de 25 años. Asimismo, permite la prevención y remediación de los concesionarios mineros ante daños.

La iniciativa fue aprobada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención. Entre los votos a favor estuvieron los de Movimiento Ciudadano e, incluso, el del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel.

La reforma a la Ley Minera y otros ordenamientos reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y, al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables. De esta forma, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los 100 años totales que actualmente establece la ley, entre el periodo de concesión y prórroga.

Esta propuesta es similar a la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establecía un periodo de 15 años, los cuales podrían ser prorrogables por una sola ocasión.

Mediante la dispensa de trámites, la mayoría legislativa en San Lázaro presentó el dictamen de reformas a la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua.

Al fundamentar el documento, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, de Morena, aseguró que la iniciativa pretende otorgar la rectoría del Estado en materia minera y combatir el abuso de empresas privadas en la explotación de los bienes de la Nación.

Dijo que la propuesta establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos 5% de las utilidades obtenidas por la actividad de la concesión.

En contraste, el diputado priista Ildefonso Guajardo señaló que con los artículos 10 y 10 bis de la reforma, la minería mexicana perderá su potencial, al dejar en manos del Servicio Geológico Mexicano la condición monopólica de la exploración.