El polémico decreto implica la derogación de la Ley de Tierras que establece un límite para la compra de terrenos por parte de extranjeros. Especialistas proponen la creación de una empresa federal de litio.

El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente de Argentina, Javier Milei para desregular la economía nacional ha despertado críticas de varios sectores y el del litio, considerado un activo estratégico para la transición energética, no es la excepción.

Y es que algunos especialistas advierten que el DNU implica la derogación de la Ley de Tierras -sancionada en 2011- que establece un límite a la compra de tierras o bienes de dominio público por parte de extranjeros, ya sean personas físicas y jurídicas no argentinas.

"La Ley de Tierras fue producto de la lucha de años por parte de organizaciones agrarias, ambientalistas y sociales y de partidos políticos. Puso freno al proceso de extranjerización que se profundizó en los noventa con leyes laxas que permitieron que muchos grupos de inversión extranjeros, aprovechando ofertas por internet que promocionaban la venta de tierras con costas de ríos y lagos, compraran y colocaran alambrados, tranqueras y cerraron pasos públicos", explicó a Página/12 Magdalena Odarda, abogada Magíster en Políticas Públicas y Gobierno y legisladora provincial de Río Negro. 

Por su lado, el mandatario argentino ya dio algunas luces sobre este tema el último fin de semana en una entrevista televisada. “Me llamó Elon Musk [CEO de Tesla]. Está sumamente interesado en el litio, y también lo está el gobierno y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”, dijo. 

Desde inicios de año, el magnate sudafricano ha manifestado su interés de negociar con los países miembros del ‘triángulo de litio’ (Argentina, Bolivia y Chile), pero su particular interés en Argentina (Jujuy, Catamarca y Salta) desató críticas y preocupaciones, pues con la eliminación de la Ley de Tierras se estaría cambiando el marco jurídico para la extracción del denominado oro blanco y abriría la posibilidad de su extranjerización.

De acuerdo con el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, que también manifestó su desacuerdo con la derogación, en su conjunto la ley evita que peligren bienes de dominio público que poseen un rol estratégico en materia de desarrollo económico -como el litio-, bienestar social, cuidado ambiental, protección de cuerpos de agua, derechos fundamentales de los pueblos indígenas y reivindicación de la soberanía nacional. 

Ya con la flexibilización del ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, al levantar las regulaciones sobre la información que se debía presentar ante el registro, "lo que se decida y ejecute en los próximos dos años puede marcar el destino de ese recurso argentino [litio]", dijo Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal (ICF) y ex diputado de la Nación al medio argentino Ámbito.

De todos modos, Rodríguez calificó de "llamativa" la inquietud expresada por Milei acerca del entorno legal local, considerando que hoy en día hay empresas extranjeras invirtiendo en litio en el norte del país, tales como Livent (Estados Unidos) y Alikem (Australia), además de una sociedad argentina en la que una empresa canadiense y china tienen acciones. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está financiando “Sal de Vida”, un proyecto de litio en Catamarca. 

Empresa federal de litio argentino 

En este contexto, la propuesta del ICF es de crear una empresa federal de litio argentino conformada por provincias, propietarias del mineral, asociadas.  

Pero la idea no es nueva. Tanto Arabia Saudita, Rusia, India, Turquía, México como Bolivia cuentan con empresas estatales de litio, porque si bien en el país existe YPF Litio, Rodríguez advirtió que los planes de los libertarios es "hundirla".

Ya existen y funcionan empresas estatales provinciales de litio en Argentina. En ese sentido, Rodríguez señala que Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) podrían asociarse con Recursos Energéticos y Mineros de Salta y con Energía y Minería Sociedad del Estado de La Rioja, para neutralizar o limitar a una política pública primaria de entrega.

Asimismo, para el director de ICF, la constitución de una nueva compañía podría ayudar a definir una estrategia de integración productiva con la cadena de valor, así como habilitar la capacidad de decisión en las asociaciones a capitales privados tanto nacionales como extranjeros pero seleccionando en qué proyectos de inversión participar.

Además, permitiría que la empresa pueda "abrir su propio capital accionario al sector privado, nacional o extranjero", pero asegurando siempre un mínimo del 51% de participación estatal provincial. 

"Nuestro país tiene más del 20% de las reservas de ese mineral. No se puede entregar ese potencial de desarrollo a la propuesta bruta y antigua de los liberales libertarios", concluyó Rodríguez.