La Cofece, el órgano antimonopolios de México, mantiene vigente su posicionamiento de marzo pasado en cuanto a la importancia de que las regulaciones mantengan una neutralidad competitiva, entre operadores aeroportuarios públicos y privados.
El proceso de cambios en las bases de regulación tarifaria de los aeropuertos concesionados en México es seguido de cerca por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El órgano antimonopolios está expectante sobre si estas modificaciones pueden alterar la competencia aeroportuaria, aunque aclara cuáles serían sus actuaciones de identificarse anomalías.
El miércoles 4 de octubre, horas después del cierre de la actividad bursátil local, los operadores privados de aeropuertos mexicanos informaron al público inversionista que la autoridad aeronáutica les había notificado su decisión —unilateral— de modificar las bases de regulación tarifaria de sus concesiones.
Más de 60% de los ingresos de los grupos aeroportuarios dependen de tarifas reguladas por los servicios que prestan a aerolíneas y viajeros.
De modo que el jueves 5 de octubre el anuncio arrastró a la baja los precios de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que son las firmas afectadas por la medida.
Los desplomes fueron de hasta 25% y borraron en un día casi 70.000 millones de pesos (US$ 3.914 millones) en valor de capitalización conjunto de las tres empresas.
Este lunes 9 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cabeza de sector de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), expuso en un comunicado que el objetivo de los cambios es, en última instancia, la reducción del costo de los servicios aeroportuarios que impactan en el precio de los pasajes aéreos.
Informó también que se había reunido con los grupos aeroportuarios Asur, GAP y OMA, para analizar los términos de la nueva regulación.
“La SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, ha tomado en consideración las propuestas de los grupos aeroportuarios y reitera la total y abierta comunicación con ello”, dijo.
Sin embargo, no dio una fecha en la cual deberán quedar resueltas las modificaciones, que dejan fuera a los aeropuertos operados por el Estado mexicano.
FACULTADES Y OPINIONES
Expertos en competencia económica consultados consideran que el gobierno de AMLO debía contar con el visto bueno de la Cofece para cambiar la regulación tarifaria de los aeropuertos, puesto que es factible la competencia entre estos y administran insumos esenciales para los transportistas aéreos.
Sin embargo, a pregunta expresa de este medio sobre sus facultades a este respecto, el órgano antimonopolios planteó que:
“De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) la Cofece está facultada para emitir opinión respecto de ajustes a programas y políticas cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes”.
Y recordó que el organismo “ya hizo un posicionamiento público a través de una reunión de trabajo en la materia que se llevó el 3 de marzo en la Cámara de Diputados y posteriormente con la Opinión emitida el 24 de marzo, la cual se encuentra disponible en nuestra página web institucional”.
Dicho documento recoge la postura de la Cofece sobre las entonces iniciativas de reforma a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, que fueron aprobadas semanas después. Entre otros puntos, las reformas eliminaron los obstáculos para que dependencias del Estado mexicano pudieran controlar, al mismo tiempo, aeropuertos y aerolíneas.
Se trataba de una meta del gobierno de López Obrador para compatibilizar el control de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre un conjunto de aeropuertos públicos y sobre una aerolínea estatal que fue denominada la nueva Mexicana de Aviación.
Una preocupación sobre las modificaciones a la regulación tarifaria de los aeropuertos concesionados es justo que podría dejarlos en desventaja frente a los controlados por el Estado (que operan las terminales a través de la figura legal conocida como asignación).
Esto en un contexto en el que comienza a existir competencia entre terminales para realizar conexiones de vuelos que evitan pasar por el congestionado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En su opinión de marzo, sobre las diferenciaciones que planteaban las reformas en torno de las concesiones y asignaciones aeroportuarias, la Cofece enfatizó que la regulación debe garantizar la neutralidad competitiva.
“Debido a su posición ventajosa, las empresas públicas podrían afectar la competencia, por lo que es importante garantizar que exista neutralidad competitiva entre empresas privadas y estatales”, afirmó la Cofece en el documento.
IMPACTOS DIFERENCIADOS
El aeropuerto con la menor exposición a las modificaciones de las bases de regulación tarifaria es Asur ya que tiene una mayor diversificación de ingresos al tener también la concesión del aeropuerto de Puerto Rico y de algunos aeropuertos en Colombia.
- Para Asur, el 72% de sus ingresos provienen de México y de estos el 63.9% son regulados.
- En el caso de GAP el 95% de sus ingresos son provenientes de sus operaciones en México en tanto el 76% son regulados y sujetos a las modificaciones.
- OMA tiene la mayor exposición porque el 100% de sus ingresos están en México y el 76% provienen de ingresos regulados.
